En el Congreso Nacional reposan varias piezas legislativas de interés nacional y que han sido apoyadas de manera pública por el presidente de la República, Luis Abinader, sin embargo, todavía no han prosperado dentro de ese poder del Estado.
Estas piezas han perimido en varias legislaturas a pesar que, desde agosto del 2020, la mayoría de los legisladores en el Congreso Nacional pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización que llevó a Abinader al poder.
Tanto el proyecto del Código Penal como la Ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos han sido de las piezas más importantes respaldas públicamente por Abinader, aunque el mandatario ha dicho en varias ocasiones que es “respetuoso” de las decisiones de los legisladores de su organización y que no hay una línea partidaria.
A pesar de que el Poder Legislativo es uno de los tres poderes del Estado e independiente del Poder Ejecutivo, los legisladores tradicionalmente apoyan las piezas legislativas que sus partidos les trazan, incluyendo los que están en el poder.
En el caso del Código Penal, Abinader se comprometió durante la campaña electoral que ese proyecto, que tiene más de 20 años dando tumbos por el Congreso Nacional y ha sido observado en varias ocasiones por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, sería aprobado una vez el PRM llegara al poder. El PRM tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Hay otras piezas legislativas como la Ley en Contra del Matrimonio Infantil que fue respaldada públicamente por el jefe de Estado y el Congreso Nacional la aprobó rápidamente.
Recientemente, durante su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, Abinader dijo que apoyaba la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, con la cual se “recuperaría lo robado”, es decir, los recursos del Estado, durante los pasados gobiernos que le antecedieron en el tren gubernamental.
Organismos de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, entre otros, han urgido la discusión de este proyecto, ya que sería una herramienta que enfrente el crimen organizado y la corrupción.
En cambio, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha dicho que el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene excusas de que siendo mayoría en el Congreso Nacional no logre aprobar la ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos.
El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, dijo esta semana que esa organización no le tiene miedo a esa pieza legislativa y que está de acuerdo que toda persona que haya cometido corrupción durante su paso por el Estado sea procesado, condenado y sus bienes fiscalizados.
Proyectos que podrían generar debates en el Congreso Nacional
Los proyectos sometidos en esta semana por el Poder Ejecutivo pudieran generar sendos debates en el Congreso Nacional por el contenido de los mismos.
Tanto la modificación de la Ley de Hidrocarburos, como la de Compras y Contrataciones, y Fideicomiso, han generado grandes expectativas en la población y presidente Abinader prometió su aprobación durante su discurso de rendición de cuentas.
En lo referente a la ley de Contrataciones Públicos, las modificaciones plantean prohibir de manera “absoluta” cualquier tipo de negociación con el Estado del presidente, vicepresidente y sus parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado, lo que incluye a hijos, cónyuge, padres, suegros, yernos y nueras, abuelos, hermanos, nietos y cuñados.
En lo referente a las mipymes, la ley incrementaría de un 20 % a un 30 % el porcentaje del presupuesto reservado a contrataciones dirigidas a este sector y, dentro de este, de un 5 % a un 10 % para las mipymes propiedad de mujeres.
Además, la Dirección General de Contrataciones Públicas supervisará la adquisición de bienes y servicios comunes y estandarizados de uso frecuente por las instituciones públicas, para los cuales establecerá precios y condiciones de entrega durante un tiempo definido.
Por su parte, el proyecto de ley para la regulación de los fideicomisos públicos establece una normativa para su regulación estructura y funcionamiento, así como su capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras de infraestructura o servicios de interés colectivo.
Mientras, la reforma planteada por el Poder Ejecutivo a la ley de Hidrocarburos incluye “algún tipo de ahorro” en el precio de los carburantes, aunque se apresuró en aclarar que eso dependerá de las “fluctuaciones” de los mercados.
El funcionario agregó que el proyecto del Gobierno plantea la creación de un fondo de compensación que se aplicará ante las “irregularidades” que se presenten en los mercados globales de los combustibles, para poder “contrarrestarlos” de esa manera.
