Por Anbareli Espinoza.- Desde las cárceles dominicanas se planifican todo tipo de delitos que van desde planificar y ordenar asesinatos, ventas de drogas, estafas bancarias, delitos electrónicos y hasta extorción.
Estar privados de libertad no ha sido impedimento para que algunos reclusos sigan con sus vidas delictivas, ahora desde el interior de una cárcel.
Los negocios ilícitos dentro de los recintos penitenciarios donde guardan condenas más que interrumpirse, en algunos casos se potencializan.
Amenazas, estafas, extorsiones, hasta órdenes de asesinatos se ven a diario en penales como La Victoria, en Santo Domingo.
El caso más reciente fue la incautación el pasado lunes en la cárcel de La Victoria de un servidor, un repetidor de wifi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia instaladas, 29 switches de cámaras, misma que eran operadas y controladas por un interno.
Las 89 cámaras de vigilancia siempre fueron visibles para el personal del centro penitenciario, cuyos agentes de seguridad incluso “tenían control” de las mismas.
PLANIFICACIÓN DE CRÍMENES. Desde cárceles de República Dominicana se han organizado crímenes contra personalidades, robo y otros tipos de delitos, los cuales se ejecutan perfectamente fuera de las rejas.
En el año 2019, un atentado contra la vida del exbeisbolista de Grandes Ligas David Ortiz, fue planificado desde la cárcel.
Las autoridades presumen que el atentado contra el Big Papi fue planificado por José Eduardo Ciprián Lebrón y Carlos Rafael Álvarez dos reclusos que guardan prisión en la cárcel de Azua. Están condenados a 20 años por homicidio, y cinco años por droga, respectivamente.
En 2018 Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana, dirige desde prisión una poderosa red criminal dedicada al narcotráfico y al sicariato en diferentes puntos del país.
Entre los crímenes que se le atribuyen a la banda criminal están los asesinatos de Juan Francisco Piña Mateo, alias Francis Boutique, ocurrido el 27 de marzo del presente año. También el de José Bienvenido Marte Mercedes, ocurrido el pasado 24 de abril.
Las autoridades le atribuyen, además, el asesinato de Randy Mario Manzanillo, ocurrida el 18 de julio del año en curso, entre otros hechos de sangre.
En junio de 2015 fue asesinado el periodista Blas Olivo, plan orquestado por una banda recluida en la cárcel de Puerto Plata y dirigida por José Miguel Rodríguez Almonte, mejor conocido como Job. La banda se vincula al narco boricua José David Figueroa Agosto.
En junio del 2010 el abogado y comunicador Jordi Veras sufrió un intento de asesinato por sicarios, que fueron contratados por el fallecido Adriano Román desde la prisión de Rafey-Hombres.
Román cumplía una condena de 20 años en la cárcel de Rafaey-Hombres, por el intento de asesinato contra su exesposa Miguelina Llaverías, cuando contrató los sicarios para asesinar al comunicador Veras.
En 2002, el hijo del exsenador reformista César Augusto Féliz Matos, Víctor Augusto Féliz Matos fue secuestrado y asesinado por Priscila Díaz Infante, condenada a 30 años.
Díaz Infante ejecutó el crimen por encargo del fallecido narcotraficante Rolando Florián, que para la fecha guardaba prisión en recinto carcelario de Najayo-Hombres.
OTROS DELITOS. Otro caso de estafa fue en el 2019, cuando agentes del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, resolvieron 48 casos de estafa vía telefónica a ciudadanos, cometidas desde seis cárceles del país por 30 internos.
Los internos llamaban a la ciudadanía para informar sobre supuestos premios, pero para recibirlos debían enviar recargas telefónicas a determinados números.
Un informe de Dicat explica que las estafas fueron cometidas desde las cárceles de La Vega, Dos de Mayo, en Moca; Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, el 15 de Azua, Najayo Hombres, en San Cristóbal y la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo Norte.
Los oficiales investigadores de Dicat lograron identificar los teléfonos a través de los cuales se llevaban a cabo las estafas.
En el caso de la cárcel de la Vega, la Policía y el Ministerio Público requisaron el recinto carcelario, donde confiscaron más de 30 celulares que eran utilizados para chantajear y estafar personas a través de las redes sociales, Facebook y WhatsApp; así como, más de 20 chips de teléfonos, 6 internet portátiles, tarjetas de créditos entre otros equipos.
Más de cien denuncias de extorsión, robo de identidades, jaqueos de cuentas en redes sociales a ciudadanos, fue lo que motivó a que miembros del DICAT, procedieran a dar fiel cumplimiento a la orden de allanamiento No.7963-2019.
PLANES DE TRANSFORMACIÓN PENITENCIARIA. En el 2020, el presidente Luis Abinader, dijo que la Reforma Penitenciaria que se implementará en todo el país, es de vital importancia y de máxima urgencia para la nación.
Destacó que “una parte importante de los crímenes se están organizando desde las cárceles”, y por tanto, el Gobierno bloquearía la comunicación ilegal de los presos con el exterior para de esa forma reducir el radio de acción del crimen organizado.
En el 2014, el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó sobre el sistema bloqueador de celulares en la cárcel de Azua. La empresa que realizó los trabajos de bloqueo fue HM Consulting, del ingeniero Hiddekel Morrison.
Para esa fecha, Domínguez Brito indicó que se requerían más de 100 millones de pesos para instalar el sistema en las 30 cárceles, lo que calificó como inalcanzable para ejecutarse con el presupuesto del Ministerio Público.
Dijo que los centros de Najayo, en San Cristóbal, y La Victoria, en Santo Domingo, están dentro de las prioridades.
