El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) sostuvo que no está del todo claro el proceso de traspaso en la decisión del Estado dominicano de operar la Central Termoeléctrica Punta Catalina, a través de un contrato de fideicomiso.
Su representante, el pastor Feliciano Lacen Custodio, dijo en un comunicado de prensa que reconoce la autoridad del Gobierno dominicano, en su calidad de gerente del Estado para tomar decisiones magníficas siempre y cuando se haga en apego a la Constitución y las leyes.
“Estamos en la obligación de como parte de los sectores preocupantes de la nación, cuidar la salud de la sociedad dominicana; por tanto, elevar y dejar sentir nuestra voz en situaciones donde resulte irrenunciable la defensa de los intereses de nuestro pueblo, como el caso que nos compete”, indicó.
El pastor Feliciano Lacen solicitó que la aprobación del fideicomiso no sea violatorio a la Constitución y a las leyes y que el pueblo dominicano y los diferentes sectores sociales, reciban de parte del gobierno todas las informaciones pertinentes, de modo que este proceso de traspaso sea los más transparente posible sin beneficiar a sectores económicos como ha sucedido con otras negociaciones con la privatización de empresas públicas.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica llama a las autoridades del Poder Ejecutivo a orientarse sobre el alcance y el contenido del referido contrato y, a los diputados y senadores a pensar mejor en el interés del país y no en sus propias apetencias personales.
Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado afirmando que Punta Catalina “seguirá siendo propiedad enteramente estatal”, al constituirse en un fideicomiso público cuya administración financiera recaerá en el banco estatal Banreservas a través de la fiduciaria del mismo nombre.
La institución indicó que “es completamente falso e infundado afirmar que Punta Catalina se está privatizando o cediendo a algún grupo empresarial o a personas particulares”.