Por Paola Bruno.- Cuatro de 12 implicados en la Operación Coral 5G contra la corrupción administrativa se han convertido en los nuevos “Girones” del Ministerio Público, luego de haber admitido su participación en los hechos que se les imputan, tras más de 12 horas del conocimiento de medida de coerción el pasado lunes.
Se trata del teniente coronel Erasmo Pérez Núñez, el coronel Miguel Ventura Pichardo, César Ramos Ovalles y la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez, a quienes se les varió la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario.
Esta práctica vuelve a replicarse en la nueva operación, luego de que el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez declarara y expusiera el modus operandi del entramado en el caso Coral, donde se involucra al mayor general del Ejército Adán Cáceres, y la pastora Rossy Guzmán, convirtiéndose así en el principal “Girón” del Ministerio Público.
“Yo no me voy a parar aquí a defender mentiras. Estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos del Ministerio Público. Ya no voy a mentir más”, fueron las palabras de Girón que dieron inicio al extremo giro al Caso Coral y destapó la presunta corrupción militar en el país.
Lo mismo ocurrió con Miguel Mejía, el no vidente involucrado en el fraude a la Lotería Nacional del pasado mes de mayo, quien luego de ser interrogado durante más de siete horas en la Procuraduría, explicó todo el proceso de la estafa de la que formó parte.
El invidente explicó que todo el proceso del engaño a la Lotería fue ensayado en una gran residencia y también dijo que quienes le buscaron para realizar la estafa, se cuidaban de proporcionar informaciones y hablar delante de él, por lo que no sabía quiénes eran los cabecillas del entramado.
Lo mismo se repite siete meses después con el caso Coral 5G, parte del entramado de corrupción de la operación original llamada Coral, pues al menos cuatro de quienes están siendo investigados por el Ministerio Público, han admitido sus hechos, a pesar de que no han brindado declaraciones del entramado de manera directa o de otros implicados.
¿De qué se les acusa a los cuatro “Girones” de Coral 5G?
La primer teniente Jehohanan Rodríguez es acusada por tener enriquecimiento ilícito injustificables, de acuerdo al MP, y también de poseer a su nombre propiedades del imputado Núñez de Aza.
De acuerdo al expediente del caso, habría depositado 800 mil pesos en la cuenta de la Asociación Campesina Madre Tierra, una entidad sin fines de lucro ubicada en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, y recibía fondos de algunas instituciones castrenses por concepto de compras de huevos, ganado, y otros depósitos sin concepto, para los cuales utilizaban a militares y policías.
Según el MP, la imputada Jehohanan, mantenía control operativo y la administración, principalmente de la mencionada empresa S.S.A. Corporation y Meljio Comercial EIRL.
Al coronel Erasmo Pérez se le acusa de no lograr correlación entre sus ingresos de la comunidad de bienes y las propiedades de muebles e inmuebles adquiridos. También, estuvo adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) desde el 2012, llegando con el coimputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, a quien se mantuvo asignado para servicio en la institución.
Presuntamente es uno de los hombres de confianza del imputado Cáceres Silvestre y tenía bajo su responsabilidad la administración de varias fincas y granjas que se encuentran en las provincias La Vega y Monte Plata.
Por otro lado, a César Félix Ramos Ovalles se le acusa por el Ministerio Público de tener una asociación con empresas privadas para distraer fondos del Estado, y también utilizaba entidades comerciales que figuraban como adjudicatarias de procesos de prestación de bienes y servicios.
Estas entidades no cumplían con el fin que fueron contratadas, pues recibían pagos de estos conceptos y entregaban una parte de los mismos a los miembros del entramado de corrupción.
Finalmente, Miguel Ventura Pichardo era encargado de inteligencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde se le imputa de desviar fondos de las raciones alimentarias destinadas a la institución del Estado, según el Ministerio Público.
Devengaba mensualmente un millón de pesos dominicanos, recurso que fue distraído presuntamente por Ventura Pichardo y Roberto Acevedo.