Este año varias entidades gubernamentales se convirtieron en verdaderos dolores de cabeza permanentes para la administración de Luis Abinader, quien se ha visto obligado a realizar destituciones y suspensiones, debido a que sus subalternos no han comprendido sus reiterados llamados a realizar un Gobierno transparente.
Las entidades más estruendosas para la desgracia del Gobierno de Abinader son: Los ministerios de la Juventud, el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el de Educación; el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil; el Instituto Postal Dominicano, Lotería Nacional, el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, el Consulado Dominicano en Juana Méndez.
ESCÁNDALOS CONSTANTES EN MINISTERIO DE LA JUVENTUD. Parte de los funcionarios que han estado al frente de este ministerio tienen un amplio historial de escándalos desde su fundación, hace 21 años. En la presente administración se convirtió de inmediato en el némesis de Abinader, tras la millonaria declaración de patrimonio de la entonces ministra Kinsberly Taveras, quien se vio obligada a renunciar.
Fue sustituida por Luz Alba Jiménez Ramírez quien fue destituida tres días antes de cumplir un año en el cargo, o sea, el pasado seis de septiembre.
El 3 de noviembre el Ministerio de la Juventud estuvo envuelto en tremendo escándalo tras la destitución del encargado de compras y del consultor jurídico, en lo relativo a un proceso de compras para la adquisición de equipos tecnológicos.
Luego de ser sacado de la institución, el exfuncionario de la entidad José Manuel Vidal Tejeda, depositó una denuncia por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), denunciando que las autoridades celebraron una licitación para comprar material informático por tres millones de pesos, en un proceso en el que se iba a beneficiar a dos compañías elegidas de antemano. Señaló a Kelvin Fidel Méndez Cuevas, esposo de la ministra, como la persona responsable de manipular el proceso.
El caso pasó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, y a la Pepca, donde fue interrogada la entonces ministra Jiménez, quien fue destituida por Decreto 786-21, el pasado seis de diciembre.
La ola de despido alcanzó a su esposo Méndez Cuevas, quien se desempeñaba como encargado de compra del Instituto Tecnológico Superior Comunitario.
INPOSDOM ENTRE DESPIDOS ABUSIVOS Y MÍA CARGO. En el mes de abril del presente año, la Oficina Jurídica Batía Ramos, en representación de Roberto Miguel Fernández Rondón y Jesús Matos Peña, demandaron por más de dos millones de pesos al Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) por violación a la Ley de Carrera Administrativa, respecto a las desvinculaciones.
Para el mes de julio, fueron interpuestas seis demandas en representación de 20 servidores públicos de carrera, que fueron desvinculados de forma irregular.
Para ese entonces las cuentas bancarias del Instituto Postal Dominicano y de su director general Adán Peguero, fueron embargadas mediantes seis actos retentivos, en atención a lo que establecen los artículos 148 de la Constitución Dominicana y el artículo 25 de la Ley 107-13.
En septiembre, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reiteró al director del Inposdom, Adán Peguero, la decisión de proceder penalmente y lo hizo efectivo por ante la Fiscalía del Distrito Nacional por negarse a entregar la documentación sobre los ciudadanos desvinculados.
Pero esto no terminó ahí, para finales del mes de octubre, en el programa Nuria Investigación Periodística se dio a conocer la alianza irregular entre el Inposdom con la empresa Mía Cargo, violando varias leyes, como la 47-20 de Alianza Público Privada y 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, lo que evidencia que titular de la entidad, maneja esa institución como un feudo personal.
Para el ocho de noviembre, Peguero fue suspendido del Inposdom, mediante Decreto 722-21 y desde entonces ha sido interrogado varias veces por la Pepca, tanto por el sometimiento del Defensor del Pueblo, como por el acuerdo con Mía Cargo.
La directora interina de la institución, Katiusca Báez, procedió a suspender el acuerdo con la empresa Mía Cargo.
NEPOTISMO EN MESCYT. En el mes de agosto se conoció el caso en la Mescyt donde servidores públicos y sus familiares figuran entre los principales beneficiarios de las becas nacionales e internacionales otorgadas por la institución.
De acuerdo a lo revelado en el programa Nuria Investigación Periodística, entre los favorecidos están Elvis Antonio Duarte Torres, viceministro técnico del Ministerio de Deportes y yerno del titular del organismo que regula la educación superior del país, Franklin García Fermín, quien recibió una beca para cursar un programa de alto desarrollo en Barna Management School por un valor de 737 mil 365 pesos, así como dos hijos del viceministro administrativo del MESCYT, José Cancel, José Rafael Cancel Peña y José White Cancel Ortiz, becados para estudiar medicina en UNIBE por un monto de 1 millón 400 mil pesos y en Barna por 175 mil pesos, respectivamente.
Otro detalle fue que empleados de la MESCyT fueron degradados con disminuciones salariales.
Un día después de darse conocer la denuncia, la DIGEIG, inició una investigación sobre las irregularidades en la asignación de becas por parte del MESCYT.
A final del mes de octubre, el MESCyT informó que realiza ajustes para garantizar que cada estudiante favorecido con beca internacional, pueda culminar sus estudios, pese a las dificultades que continúan imponiendo el Covid-19.
La respuesta de la MESCyT viene luego de que N Digital informara de la odisea de 11 estudiantes que fueron preseleccionados para realizar una maestría en la Universidad de Cataluña, España, capacitación que ya inició, pero los beneficiados aún no han podido salir del país.
CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE. Durante este concurso de aspirantes a profesores 2021 se habrían presentado irregularidades como filtración de exámenes a miembros del PRM, manipulación de equipos de computadoras, anomalías en la plataforma y contenido distinto al establecido en la ordenanza.
En el mes de septiembre, se realizó el Concurso de Oposición Docente evaluando a los postulantes para el nivel de primaria en las 18 Regionales y 122 Distritos Educativos con una participación masiva y denuncias de falta de organización, fallas en la tecnología y una gran cantidad maestros que no superaron las pruebas.
El profesor Sixto Gabín dirigente nacional de ADP y miembro de la Comisión Nacional de concurso denunció irregularidades en la organización y propuso la suspensión de las evaluaciones hasta tanto sea revisada la plataforma y los criterios de las pruebas.
En efecto, el certamen fue suspendido y se creó la Comisión de Observadores del Concurso Nacional de Oposición Docente para revaluar todo el proceso.
Pero la falta de documentaciones y transparencia obligó a la mayoría de las 16 instituciones miembros de dicha comisión a renunciar, el tres de noviembre.
Los comisionados reiteraron los inconvenientes que les impidieron realizar una labor de observación que garantizara la transparencia del proceso que busca la selección de 19 mil 181 maestros para el sistema público nacional.
DESORDEN EN INABIE. El inicio del año escolar presencial reactivó la jornada de tanda extendida y la entrega del desayuno y almuerzo escolar que no se pudo concretizar totalmente, gracias a irregularidades en el proceso de licitación de suplidores.
Contratistas fueron excluidos y los que fueron favorecidos no sabían cuántas raciones debían suministrar.
Esto provocó decenas de manifestaciones en diversos puntos del país.
Hay suplidores a los que se les adeuda dinero desde los meses de abril y mayo.
El director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, informó que había recibido 27 recursos jerárquicos y 12 solicitudes de medidas cautelares contra la licitación pública nacional número INABIE-CCC-LPN-2021-0009, para el suministro de raciones alimenticias del año escolar 2021-2022; así como también contra la licitación INABIE-CCC-LPN-2021-0007, para la “adquisición de alimentos crudos y alimentos procesados y su distribución a los centros educativos públicos”.
Todavía para el 22 de octubre, cada uno de esos recursos se encontraban “en proceso de investigación”, situación que se pudiera extender, según Pimentel, por la multiplicidad de actores.
El pasado 1 de noviembre fue entonces cuando el Ministerio de Educación inició la investigación del proceso de licitación donde participaron 2,565 oferentes de los cuales fueron adjudicados 1,821 para suplir almuerzo escolar de la tanda extendida.
El presidente Abinader no tuvo otra alternativa que destituir a Cecilio Rodríguez como director del Inabie, mediante Decreto 733-21 y en su lugar se designó a Víctor Castro.
LOTERÍA NACIONAL. El sorteo de números del primero de mayo develó un entramado mafioso en la Lotería Nacional. El número 13 fue el escogido para montar el fraude que fue captado en cámara de televisión.
El 19 de junio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso medida de coerción a las 10 personas acusadas por el Ministerio Público de organizar y ejecutar un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional.
Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, se le dictó un año de prisión preventiva, en la cárcel Najayo Hombres en San Cristóbal, junto a William Lisandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, quienes también deberán cumplir 12 meses de prisión preventiva.
Mientras que Carlos Berigüete, Valentina Rosario, Jonathan Brea y Felipe Toribio deberán guardar arresto domiciliario por 12 meses y Edison Perdomo tendrá que cubrir una fianza de 500,000 pesos y presentarse ante un fiscal de manera periódica.
LO QUE SE MANEJA EN EL INTRANT. La institución realizó un proceso de compra por excepción para adquirir un servicio de publicidad institucional con la compañía Inhabitant Global, por un monto de 867,300 pesos, supuestamente para el periodo septiembre-diciembre del 2021, sin embargo, la empresa cuenta con un escaso público al que mostrarle publicidad en sus redes sociales.
Inhabitant Global, en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), está registrada por señora Nathalie Hazim Guzmán, y cuenta con 282 seguidores en Instagram, 2 en Twitter y 7 en Facebook 7, lo que indica que el INTRANT, estaría pagando un monto de 2,700 pesos por cada seguidor para una publicidad que no se encuentra en ninguna de las redes de la empresa.
También como “totalmente improcedente, fuera de contexto e ilegal”. Así son las nuevas medidas, (entre los cuales están el aumento del costo de los servicios) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la emisión y renovación de la licencia de conducir, según un experto en la Ley de Tránsito, el cual prefirió optar por el anonimato.
“El Intrant comienza primero diciendo que si una persona dura equis cantidad de tiempo sin licencia está obligada a pagar unas multas o una especie de indexación. La Ley de Tránsito lo establece, pero el margen previsto en la ley no va más allá de cuatro años. Imagínese que usted se va fuera del país y allá dura cinco años; si se me venció la licencia y yo no necesito renovarla porque duré 10 años, ¿cómo va a ser que si yo quiero venir para acá a manejar, tengo que pagar los 10 años que duré fuera del país?”, cuestiona la fuente, la cual explicó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, prevé que el cobro de penalidad por el vencimiento de la licencia se limita sólo a cuatro años, establecidos en los artículos 208 y 209 de dicha normativa, respectivamente.
Esta posición contrasta exponencialmente con los años que establece dicha entidad, la cual lleva la penalidad por renovación de licencia de conducir hasta 20 años, con un costo de 23,100 pesos.
CONSULADO DOMINICANO EN JUANA MÉNDEZ. El escándalo más reciente lo desató el consulado dominicano en Juana Méndez cuando miembros del Servicio de Inteligencia detuvieron al haitiano Erwing Pierre Louis con 11 mil dólares y 92 pasaportes, cuando supuestamente se dirigía a un consulado clandestino de Juana Méndez en la provincia de Dajabón.
Pierre Louis fue detenido en el puesto de chequeo militar de la comunidad El Pino, donde según narró se dirigía a entregar los pasaportes al administrador del consulado en Juana Méndez, identificado como Jairo Estévez, cercano al entonces cónsul José Valenzuela.
El seis de septiembre, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 784-21 designando a Margarito de León Castillo como cónsul de la República Dominicana en Juana Méndez, República de Haití, en sustitución de José Altagracia Valenzuela Arias.
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