Grupos a favor y en contra del aborto protestaron pacíficamente este jueves en las afueras del Congreso de Ecuador, donde se debate una norma que regulará la interrupción del embarazo por violación, aprobada por la justicia.
La Policía, que estimó unas 250 personas en la concentración, dividió en dos el acceso al Legislativo para evitar choques entre los manifestantes.
Las organizaciones feministas con pañuelos verdes y carteles en los que se leía “nosotras parimos, nosotras decidimos” se congregaron ante el temor de que este reglamento imponga limitaciones para que las víctimas de violación accedan a un aborto.
En la jornada, médicos, activistas y abogados expusieron sus argumentos a favor y en contra. Está previsto que al menos veinte asambleístas, de 137, intervengan en el primero de los dos debates sobre el proyecto de “Ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo para casos de violación”.
“Los tiempos de acceso (a un aborto), la objeción de conciencia es un nudo crítico (…) Si se establecen plazos significará dejar por fuera justamente a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres que están en contextos de mayor vulnerabilidad” y menos acceso a servicios de salud y justicia, dijo a la AFP Sarahí Maldonado, de la red de acompañamiento en aborto Las Comadres.
Frente a la objeción de conciencia, Maldonado consideró que esta debe ser regulada y que los establecimientos deben “garantizar que siempre haya un personal médico disponible parea realizar el aborto en las mejores condiciones”.
El proyecto de ley por ahora no establece un tiempo máximo para realizar el aborto ni condiciones para las víctimas, como presentar la denuncia por agresión sexual.
Activistas provida protestaron con rosario en mano. “Estamos aquí en defensa de las dos vidas porque no podemos normalizar el aborto, condenar a un inocente y peor aún dejar libre a un violador”, comentó a la AFP Paola Flores, representante de Provida Latam y estudiante de medicina.
La asambleísta Geraldine weber, del conservador Partido Social Cristiano, aseguró que “un aborto no va a reparar, a resarcir el trauma que una mujer vive por violación” y criticó que el proyecto no propone un plan para “perseguir al violador”.
Por su parte, la asambleísta indígena Daysi Yuquilema, diputada independiente, señaló que la norma debe “optimizar la sentencia” de la Corte Constitucional, que en abril despenalizó el aborto en todos casos de violación.
La justicia modificó la norma que solo lo autorizaba si la agresión ocurría contra una persona con discapacidad y cuando existe peligro para la vida de la madre.
El fallo de la Corte incluía la obligación aprobar una ley para regular las condiciones de la interrupción de la gestación.
La mujer que interrumpe su embarazo por fuera de las causales permitidas es sancionada hasta con dos años de cárcel en Ecuador.
AFP
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