El más reciente trabajo de investigación de la periodista Nuria Piera, ha puesto en evidencia que el debate público en el que se encuentra la Dirección General Migración, desde que el pasado 9 de noviembre iniciara las deportaciones a haitianas embarazadas, no tiene espíritu de generar un pronto acuerdo entre la comunidad internacional, la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades dominicanas y haitianas.
La medida tomada por el gobierno dominicano para frenar la inmigración desde Haití, momentos en que el vecino país atraviesa una turbulenta crisis política, económica y de seguridad, ha generado una intensa polémica, que desencadenó un choque de opiniones, como lo revela Nuria, Investigación Periodística.
Por un lado, está la posición de las autoridades dominicanas, que justifican esta disposición en la seguridad nacional y en el impacto que ejercen las haitianas en nuestro sistema de salud.
Ante la polémica generada del porqué esta medida se está llevando a cabo en los hospitales, los ministros de Salud Pública, Daniel Rivera, y de Interior y Policía, Jesús Vásquez, ofrecieron una rueda de prensa, el pasado viernes 12 de noviembre, en la que mostraron el significativo aumento en la cantidad de parturientas haitianas.
El ministro de salud recordó que, “10 años atrás, regularmente, las embarazadas haitianas eran un componente dentro de un 7 u 8% en el país. En el 2018, ya entonces, aquí comienzan a subir el porcentaje y sube en la raya roja al 12.5%. Esos son los partos por día. Luego en el 2019 sube a 76 partos por días”
Agregó que para este año 2021, se estima unos 88 partos de haitianas por día, casi un 40% del total de los partos en el país y que impacta directamente a las dominicanas.
En esa misma rueda de prensa, Rivera dijo que a “este ritmo, ya por los cálculos que hemos hecho, al costo se irían 10 mil millones de pesos.”
La cifra de los 10 millones no cayó muy bien al exdirector del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany y desmintió públicamente al Ministro de Salud: “10 mil millones de pesos gastados solo en partos es imposible porque con la misma información que da el Ministerio de Salud, cuando tú divides 10 mil millones de pesos versus la cantidad de partos, eso sale en 325 mil pesos”.
Asimismo, Chupany resaltó que el establecimiento de salud no puede hacer las veces de una frontera. Los controles, la rigurosidad en la entrada de las personas que acceden, tienen que ser en los puertos, los aeropuertos y en la frontera.
La posición divergente a la del gobierno dominicano, se suma la de la sociedad civil, que dieron la voz de alerta sobre la situación que se replica en todas las maternidades del país, utilizadas para identificar y posteriormente atrapar a inmigrantes ilegales, que intentan dar a luz en los centros de salud de RD, cuya situación fue denunciada a través de videos que corrieron en las redes sociales.
El informe de investigación recuerda lo que pasó a finales de junio de este año. Fue noticia, una mujer de nacionalidad haitiana, cuyo nombre se desconoce, que dio a luz a su bebé en plena calle de Villa Isabela, Puerto Plata, luego de que supuestamente le negaron atención en el hospital de la comunidad por no poseer ningún documento de identidad.
Situación similar se estuvo a punto de repetir el pasado miércoles 10 por otra mujer haitiana, Nathalie Bolívar, de 34 años de edad, cuyas labores de parto iniciaron en un autobús de la Dirección General de Migración, cuando era trasladada, junto a varias compatriotas que también estaban en avanzado estado de gestación, hacia el Centro de Acogida Vacacional Haina, para posteriormente ser deportada a Haití.
Nathalie Bolival cuenta que tenía cita para la cesárea en la Maternidad de La Altagracia, a las 6:00 de la mañana, “y con dolor, Migración la sacó”.
Su caso fue dado a conocer inicialmente por su esposo, Joslin Toussaint, quien en una mezcla de indignación y preocupación, hizo la denuncia en un video difundido a través de las redes sociales.
Dos días después, el viernes 12, volvieron a llevar a la recién parida al centro de detención de la Dirección General de Migración que opera en Haina, San Cristóbal, para deportar hacia Haití, en el marco de las disposiciones de que los hospitales solo atenderán a indocumentados en casos de emergencia y la prohibición de la entrada de embarazadas de más de seis meses si no cuentan con seguro.
William Charpentier, coordinador de Menamird, dice que la primera vez que las autoridades de Migración fueron al hospital de Los Mina, detuvieron entre 8 a 9 mujeres, situación que asegura continuó al día siguiente.
El director de Migración, Enrique García, confirmó que un grupo de parturientas haitianas, no precisó cifra exacta, fueron detenidas y deportadas a su país bajo cargos de estar ilegalmente en suelo dominicano, quien asegura que todo se ejecuta bajo el debido proceso.
Según el coordinador de Menamird, Charpentier, se han deportado aproximadamente 600 personas hasta el día de hoy.
Líderes de religiosos de la iglesia católica, también han reaccionado al tema. Es el caso del párroco Nelson Acevedo, que afirmó que la iglesia nunca va a estar de acuerdo con ninguna medida antihumana o antisolidaria.
Afirman hay corrupción en paso fronterizo
La Mesa Nacional para los Migrantes y Refugiados maneja datos de que las embarazadas pagan entre 20 y 25 mil pesos a mafias por traerlas desde Haití.
El párroco Nelson Acevedo cuestionó las labores de los militares fronterizos, “¿y la frontera no está resguardada por militares? Entonces, ¿qué están haciendo los militares en la frontera? ¿Arrascándose el ombligo? porque se supone que por ahí pasa un ratón y ellos saben que un ratón pasó.”
La misma opinión tiene el exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras, al asegurar que, “ciertamente, el punto crítico es la frontera y lo que nos está aconteciendo ha pasado porque la corrupción se adueñó del control fronterizo. Nadie puede negar eso.”
En ese sentido, Charpentier, coordinador de Menamird, opinó que “del otro lado, como cualquier frontera hay personas que se dedican a traficar seres humanos. Entonces la frontera dominico-haitiana no es la excepción.”
Opinión parecida tiene el Dr. Senén Caba, presidente electo CMD, quien expresó que, “donde existe todo tipo de comercio que se genera inclusive de aquel lado en dónde se han vinculado ong que hacen pingues negocios con esas parturientas, organizan verdaderos tours de parturientas para venir a parir aquí.”
El mismo William Charpentier, confirma las mafias que se realizan en línea fronteriza, y explica que las haitianas que tienen la posibilidad de cruzar la frontera, pagan un “buscón”, que le ofrecen un combo, que incluye transporte, pago de motor, dependiendo de dónde sale. Lo hacen por grupo de personas, que son llevadas hasta los hospitales de RD.
Líderes de la oposición dominicana fijan posición sobre el tema
El expresidente Leonel Fernández, también manifestó su desacuerdo con la medida, y dijo que “es algo que debe considerarse porque es algo inhumano y a la República Dominicana le puede afectar en su imagen internacional.”
De su lado, Bautista Rojas Gómez, senador de La Fuerza del Pueblo, criticó la situación que viven las parturientas haitianas, y expresó que “no quisiéramos que se lo hagan a nadie en Estados Unidos ni en España ni en ningún país del mundo, donde nosotros migramos”.
José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración consideró que, “Si es una mujer en labores de parto, la Dirección General de Migración no debe tocar esa señora hasta tanto se produzca el parto”.
La comunidad internacional, también se manifestó en contra de la medida migratoria del gobierno dominicano. Mauricio Ramírez, coordinador residente ONU en RD, considera que la situación que se está presentando con las mujeres embarazadas haitianas, refleja una vulneración de derechos humanos.
El ministro de salud, Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, además plantea que la capacidad instalada está saturada, llegando a límites, lo que perjudica el manejo de los casos de las zonas céntricas del país donde están las dominicanas también por dar a luz.
En cambio, el exdirector del Servicio Nacional de Salud negó que la capacidad instalada en los hospitales no pueda satisfacer la demanda real debido a las parturientas haitianas.
El debate en torno a estas acciones no se limita a si impacta económicamente o no, en las atenciones que reciben las dominicanas, sino también a que estas medidas incumplen con lo establecido en las leyes de República Dominicana, lo que ha generado otro choque de opiniones.
De acuerdo con la Menamird, el decreto 531 del reglamento de migración, en su parte última establece que las mujeres embarazadas no pueden ser deportadas en ninguna circunstancia.
Mientras que Ramírez, coordinador residente ONU en RD, respalda esta planteamiento de la Menamird, al afirmar que, “esto es lo que claramente principalmente la atención que hemos llamado, al cumplimiento de este reglamento”
Sin embargo, el exdirector general de Migración, considera que en ningún momento la ley ha querido evitar que las mujeres embarazadas o recién paridas sean objeto de un proceso de deportación.
“la interdicción migratoria es algo que los estados ejercen todos los días del mundo.” Aseguró.
Para el párroco Acevedo, la iglesia nunca estará opuesta a que con las leyes correspondientes se mantenga la soberanía, “pero eso en nada justifica que se violen los Derechos Humanos.”
El Sistema de las Naciones Unidas en el país destaca unos 6 tratados internacionales que se están incumpliendo:
La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la famosa cedamu, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, la convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la convención sobre los derechos del niño, la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Mientras, el gobierno entiende que no ha violado ninguna ley ya que seguirán atendiendo a las parturientas haitianas por las emergencias, como lo ha afirmado Salud Pública.
El presidente Luis Abinader se refirió al tema en la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, recientemente llevada a cabo en septiembre, en Nueva York. Allí clamó por el apoyo internacional y que República Dominicana no cargue sola con esta situación.
Es evidente que, el hecho de si las parturientas haitianas son o no son una amenaza para el sistema dominicano de salud pública o para la seguridad ha sido históricamente debatido pero nunca se ha llegado a una medida consensuada en la que estén de acuerdo la comunidad internacional, la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades dominicanas y haitianas en procura de evitar que otras pasen por la misma situación que vivió Nathalie Bolival, la mujer que le pone rostro a todas las mujeres que han sido afectadas y quien no fue deportada.
