Tanto el mayor general Adán Cáceres Silvestre como el general de brigada Juan Carlos Torres Robiou durante sus gestiones al frente del Cuerpo Especializado en Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (CESTUR), habrían nombrado decenas de militares con sueldo que oscilaban entre los RD$20,000 y RD$70,000, quedándose con la mayoría de los recursos.
Según el expediente acusatorio del Ministerio Público y al que tuvo acceso N Digital, decenas de militares fueron nombrados en ambas entidades con un sueldo de RD$30,000, pero solo les pagaban RD$3,000, quedándose el entramado militar con la mayoría del dinero.
En algunas ocasiones los montos por los que eran nombrados debían devolverse en su totalidad al entramado, y en otras ocasiones estas personas eran autorizadas a quedarse con montos que van desde los RD$2,000 hasta los RD$10,000, dependiendo la cantidad asignada.
Listas de nombramientos y ganancias:
En estos casos las cabezas recolectoras de los recursos eran el teniente coronel José Ramón Santos Jiménez, el segundo teniente Vicente Girón Jiménez, Erinson Rosario y el primer teniente Juan Ramón Tejada Hilario.
Todos estos recolectores, según dice el Ministerio Público, entregaban directamente el dinero al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez y en algunas ocasiones al coronel Rafael Núñez de Aza, mano derecha del mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Cada una de las cabezas recolectoras tenía su lista particular de personas para recoger mensual, las cuales le hacían los depósitos, transferencias o entregas de dinero en efectivo.
El encargado de contabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas, capitán Migel Cancú, quien posteriormente pasó a ser financiero del CESTUR a la salida del imputado Rafael Núñez de Aza, estableció que el promedio mensual de dinero en la dinámica de recolecta con las nóminas,soló en CESTUR era de seis millones de pesos (DOP$6,000,000.00) al mes.
Posteriormente, el imputado Rafael Núñez de Aza se encargaba de hacer entrega de una parte del dinero recolectado a Torres Robiou, Cáceres Silvestre, al general Julio de los Santos Viola, y a los coroneles Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez y Kelman Santana.
Núñez de Aza estaba encargado además de adquirir propiedades muebles e inmuebles (en zonas rurales y urbanas) para estos, de forma directa o utilizando alguna de las empresas.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
