El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró este jueves que el sistema de justicia no tiene ninguna razón para variar la prisión al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, uno de los involucrados en el Caso Coral.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) aseguró además que el Ministerio Público, como en todos los casos, está listo para conocer el recurso de apelación que elevó el imputado Montero Cruz en contra de la decisión del tribunal que le ratificó la prisión durante una revisión obligatoria.
Los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez García y Carmen Mancebo, aplazaron para el próximo 15 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, el conocimiento del recurso.
“El recurso no se ha conocido porque este (el imputado) informó al tribunal que había cambiado de abogado y el abogado hizo referencia a que no conocía los elementos del proceso y pidió el aplazamiento”, indicó Camacho, al ser cuestionado por periodistas de la fuente judicial sobre el aplazamiento de la audiencia.
“Evidentemente, a nosotros nos interesa que las decisiones que tomen los tribunales sean conformes al debido proceso, pero, reiteramos, primero estábamos preparados, listos para conocer la audiencia en el día de hoy, y además, no vemos ninguna razón en lo que se ha planteado en ese recurso como para que se varíe la medida de coerción que se le ha impuesto a Alejandro José Montero”, dijo.
En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del sargento Montero Cruz, así como del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público llevan a cabo la investigación y litigación del caso.
El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
