El empresario argentino Diego Vestillero, quien figura como representante de la compañía Mía Cargo, que tiene varios contratos irregulares con el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), en junio del presente año fue procesado en Argentina por el intento de contrabando de 76 contenedores cuyo contenido vale unos 20 millones de dólares y lo embargó en total por más de 1.200 millones de pesos argentinos. La medida fue sin prisión preventiva pero con prohibición de salir del país.
Vestillero ya estaba procesado en el juzgado de Aguinsky por otro intento de contrabando de en el marco de otros de los casos de la mafia de los Contendores. Además, Vestillero se presentó como pretenso querellante en la causa abierta contra el falso abogado Marcelo D’Alessio ante el juez federal Alejo Ramos Padilla.
Al empresario se lo acusa de haber presentado supuestamente documentación apócrifa a la Aduana y también de haber ingresado datos falsos en los registros del organismo estatal para ingresar contenedores con mercaderías mucho más valiosas que las declaradas.
Parte de las mercaderías de estos contenedores que fueron embargados en su momento ahora los rematará el banco Ciudad y la AFIP. Se trata, por ejemplo, de 2681 botellas de licor Jagermeister, 1645 botellas de whisky escocés y 848 botellas de tequila.
En particular a Vestillero, como agente de carga y a través de la empresa Ambika, se le imputa a Vestillero “el uso de documentación apócrifa relativa al transporte internacional de mercaderías y declarando ante el servicio aduanero información falaz en cuanto al peso, al tipo y/o a la calidad de la mercadería realmente cargada, con el fin de someterla a un tratamiento aduanero o fiscal” diferente.
Aguinsky le aplicó los artículos .863, 864 inc. b) y 865 f) e i) y 971 del Código Aduanero -Ley 22.415. Estos constituyen “hechos de contrabando agravado en grado de tentativa, en concurso real”.
En su resolución de más de 100 páginas, según informaron fuentes judiciales, “no se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi generalizado, estable, premeditado, ejecutado por diversas organizaciones delictivas, conforme fue acreditado análogamente en otros legajos que tramitaron en forma sucesiva ante estos estrados”.
Vestillero en forma personal y como socio gerente de la firma “Ambika S.R.L.” y presidente de “Aires Argentinos S.A.” posibilitó las maniobras, aseguró el magistrado. En su indagatoria, el empresario negó los hechos que se le imputan.
En la resolución, el juez Aguinsky evaluó el enorme impacto económico de los delitos se investigan en este causa sobre “el erario público y al orden económico nacional”.
“Pese a ser de todas maneras muy considerables, las diferencias arancelarias maliciosamente alcanzadas con motivo del ardid desarrollado son solo una parte del negocio ilegal”, resaltó.
Resaltó que “las mercaderías ingresan al país en forma tramposa, es decir, no declaradas por los documentos de transporte. Luego, como una consecuencia ilícita ineludible para el plan criminal, la falsedad se mantiene en las declaraciones aduaneras que efectúan los importadores en las destinaciones definitivas de importación, declarando una mercadería distinta a la real”.
Una vez que las mercaderías entran al mercado “ingresan a una cadena de producción y comercialización absolutamente “en negro”, momento a partir del cual se manifiestan todos los perjuicios adicionales derivados de su ingreso ilegal al país”.
“Se genera así, un “Paraíso Fiscal” ad hoc para los verdaderos dueños de las mercaderías, que luego de conseguir burlar el control aduanero acceden a manejar sus productos fuera del alcance de las autoridades tributarias locales”, destacó.
Entonces, “todas aquellas operaciones comerciales sucesivas se realizan fuera del control tributario, generándose en consecuencia una especie de “daño continuado” contra la recaudación y el erario público”.
“Contrabando y evasión tributaria constituyen un binomio inescindible del negocio ilegal. No es por otra razón que quienes participan en este tipo de actividades ilícitas no solamente se preocupan por ocultar “qué” se importa, sino también “quién” lo hace”, subrayó Aguinsky.
Se trata de “una clara maniobra establecida para obstaculizar la visibilidad de la cadena de comercialización irregular posterior al ingreso clandestino de la mercadería”.
Pero de esta estrategia de ocultamiento “surge un protagonista principal que no ha sido nombrado: el Banco Central de la República Argentina”.
“Todas estas operaciones de comercio exterior, en el contexto de la política económica y cambiaria restrictiva imperante en los años 2015 y 2016, requirieron necesariamente de una autorización especial para acceder al mercado de cambios, para adquirir las divisas a fin afrontar los pagos a los proveedores del exterior y luego girar esos dólares hacia el país de donde provenía la importación”, subrayó el juez.
“Divisas malgastadas a precio oficial en un contexto de control de cambios y economía siempre en problemas, que no tuvieron un destino legítimo ni beneficiaron la actividad económica del país, sino que se usaron para promover el ingreso clandestino de mercaderías en una ecuación perniciosa que ha quedado en evidencia”, finalizó Aguinsky.
Antecedentes. En enero de 2019, Ambika quedó bajo la mira de la Justicia en la causa de la Mafia de los Contenedores y sus causas conexas. Aguinsky procesó por primera vez a Vestillero y a la empresa como persona jurídica. La función de Ambika es, como se la llama en el comercio exterior, de forwarder/agente de carga que en un mismo contenedor trae mercadería para varios clientes.
Unos meses después, la cámara de apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Vestillero y Ambika. Y en el caso de uno de esos 900 contenedores, a Gabriel Garcés y Víctor Palomino Zitta también quedaron procesados. Palomino Zitta se encuentra prófugo en la causa y con pedido de captura de Interpol por parte del tribunal oral que tiene el caso.
