La creación de una Ley de Responsabilidad Fiscal forma parte de la reforma que impulsa el Gobierno, esta pretende determinar y establecer el compromiso de los servidores públicos en el ejercicio de la gestión fiscal, con el objetivo de limitar al stock total de la deuda del sector público no financiero de 50% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2026, que deberá ser respetado en los ejercicios fiscales posteriores.
El PIB, según en Banco Central de la República Dominicana, tiene una proyección para este año 2021 que apunta a un ritmo de expansión interanual de dos dígitos, es decir 10 % o más.
Con la implementación de la ley, permitiría que el país cuente con una solvencia de la deuda pública y credibilidad en las medidas de política tomadas, de acuerdo con los estudios macroeconómicos realizados por el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, una ley de responsabilidad fiscal ayuda indirectamente a mantener estables los precios internos, los costos de financiamiento y las tasas impositivas.
Actualmente, en el país no existe propiamente una ley de responsabilidad fiscal; sin embargo, existen componentes de una ley de este tipo en un conjunto de normativas, entre las que se destacan la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423–06, Ley 6–06 de Crédito Público, Ley General sobre Acceso a la Información Pública No. 200–04, la Ley Monetaria y Financiera No.183–02, la Ley que Crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental No. 126-01 y la Ley de Cámara de Cuentas No. 10-04
Pretenden establecer un marco de responsabilidad fiscal que ancle la política fiscal durante el proceso presupuestario para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a corto, mediano y largo plazo.
Entre otro de los principales puntos, destacan la regla de crecimiento del gasto primario corriente que aseguran no superará la proyección de la tasa de inflación promedio anual más 2 puntos porcentuales.
Con respecto a la regla de crecimiento del gasto de capital, será presupuestado según lo establecido en el Plan Nacional de Inversión Pública.
En lo concerniente a los ingresos y gastos excluidos de las reglas y metas fiscales, la ley busca que las partidas específicas estén exentas de las reglas y metas fiscales con ciertas donaciones, pagos de intereses por bonos del Banco Central, transferencias al sector eléctrico, pago de pensiones y jubilaciones, y los programas de asistencia social.
Para la aprobación de cualquier nueva exoneración que no responda al principio de capacidad económica u otros incentivos fiscales se necesitará un estudio sobre sus beneficios, una propuesta de medidas compensatorias de ingresos o gastos públicos, y un plazo de vigencia que no exceda 10 años, señala el proyecto de ley.
La Ley establece una cláusula de escape, con esta el Ministro de Hacienda podrá suspender, durante un periodo no superior a un ejercicio fiscal, las reglas, metas y medidas previstas, en caso de ocurrir:
-Un desastre natural, una epidemia de salud pública o una guerra.
-Un descenso de 2 por ciento en un año o un descenso acumulado igual o superior a 3 por ciento durante dos años consecutivos del PIB real.
El texto legal de la Reforma Fiscal, indica que se establecerá un Comité de Supervisión de Responsabilidad Fiscal, que vigilará el cumplimiento de las reglas y metas fiscales.
