El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción contra tres personas implicadas en una estructura internacional de estafa en línea que operaba desde República Dominicana y que realizó fraudes por más de 100 millones de pesos en el sector financiero.
El magistrado impuso 18 meses de prisión preventiva a Ramón Emilio García Pujols, a quien el Ministerio Público acusa de obtención ilícita de fondos, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación a las leyes 53-07 y 155-17, sobre los crímenes y delitos de alta tecnología, y de lavado de activos.
Además, el juez impuso la colocación de un grillete electrónico, el pago de una garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida contra Eneris Lara, así como presentación periódica e impedimento de salida contra Jennifer Mary Asencio Javier. Ambas fueron las fundadoras de la empresa Preference Media Solution Telemarketing, S.R.L., utilizada como pantalla para la trama fraudulenta.
De acuerdo con la acusación, los tres encartados y otros dos que permanecen prófugos contactaban a personas de España y Latinoamérica para convencerlas de hacer inversiones a través de plataformas digitales, con la promesa de beneficios millonarios.
Los estafadores obtuvieron los datos de las víctimas en la internet profunda, conocida en inglés como “deep web”.
La Pedatec, en conjunto con el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional, realizó siete allanamientos simultáneos en los que obtuvo pruebas útiles para la investigación en curso.
Esta procuraduría especializada, encabezada por el procurador de corte Iván Vladimir Félix Vargas, plantea en el auto de solicitud de medida que esta organización criminal recibió más de 100 millones de pesos que de forma fraudulenta ingresaron al sistema financiero dominicano a través de entidades bancarias radicadas en Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones de la Pedatec, la comisión de estos delitos se inició en 2015. En ese año, los imputados Ramón Emilio García Pujols, Eneris Lara, Scarlett Angelina Cabral y Jennifer Mary Asencio utilizaron dos centros de llamadas (call center), desde donde operaban.
Scarlet Angelina Cabral Mejía y el coimputado Michael Alexander Rodríguez Segura se encuentran prófugos.
