Otro de los nuevos elementos que dieron a conocer las autoridades este miércoles como parte de las investigaciones en la Operación Falcón, es que el presunto líder de la red, Erick Randhiel Mosquea Polanco gastaba cada semana aproximadamente 2.5 millones de dólares “en diferentes actividades ilícitas propias del narcotráfico”.
El Ministerio Público, entidad que despechó la información luego de la conclusión del conocimiento de medidas de coerción en el Palacio de Justicia en Santiago de los Caballeros, reiteró que sigue la búsqueda de Mosquea Polanco para que responda a la justicia por los hechos que se le imputan.
Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción del Caso Falcón, el órgano persecutor reafirmó la contundencia de las pruebas aportadas al tribunal y pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados, para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos.
Los encartados incurrieron en delitos tipificados como asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico, en perjuicio del Estado dominicano.
En el caso del imputado Raúl Antonio Castro Mota, se suma el cargo de violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por habérsele encontrado, al momento de su apresamiento, un arsenal que incluye armas solo utilizadas por organismos de seguridad.
“La libertad de los imputados implicaría un grave obstáculo para la investigación, ya que existen los elementos razonables que nos llevan a establecer que los encartados, una vez puestos en libertad, utilizarán los medios para obstaculizar la investigación”, advierte el equipo de fiscales litigantes del Ministerio Público en su solicitud.
Los fiscales también enfatizaron en que la pluralidad de imputados, la incursión en el crimen organizado, las múltiples víctimas y la complejidad procesal son elementos que se suman a la justificación de la declaración de este caso como complejo.
Al concluir la audiencia de este miércoles, el fiscal Andrés Mena indicó que con la presentación de la medida de coerción y la contundencia de las pruebas que la soportan, el Ministerio Público demuestra que la Operación Falcón ha dado un duro golpe al narcotráfico nacional e internacional, desmantelando una estructura criminal que movilizaba millones de recursos en dólares cada semana y toneladas de drogas a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Al responder preguntas de los periodistas sobre posibles imputaciones a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la fiscal Sourelly Jáquez aclaró que en la medida de coerción constan interceptaciones telefónicas que incluyen eventos de 2018 y 2019 en la que se verifican que la red pudo sumar a sus vinculados a algunos agentes de esa institución.
Sin embargo, resaltó que el Ministerio Público pudo lograr completar la operación contra la red de lavado gracias a la participación activa de la gestión de la DNCD, que encabeza el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
Los fiscales indican en la solicitud de medida que a la red se le ocuparon más de 7 millones de dólares en efectivo, en diferentes allanamientos, armas de guerra, vehículos blindados y relojes de lujo, entre otros bienes muebles e inmuebles.
El equipo de fiscales que presentó la solicitud de medida de coerción son los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el fiscal titular de esta provincia, Osvaldo Bonilla, y la procuradora de corte Luisa Liranzo. También los ministerios públicos Sourelly Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García, Patricio Rodríguez, Isabel Santos, Miguel Ramos y Enmanuel Ramírez.
Las acciones delictivas en que incurrieron los imputados desde antes de 2017 incluyen la violación específica de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “asociación de malhechores”; 59 y 60, 4 letra (E), 58 (C), 60 párrafo, 75 párrafos II y III, 85 letras (B,C,D,) 99, 100 y 101 párrafo, de la Ley 50-88 sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican “tráfico de drogas y patrocinio”; violación a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3, 4, numerales 1, 2, 9 y 10, 8, 9, numerales 1, 2 y 5, y el artículo 12 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; así como los artículos 3 letras A y B; 4, 8, 18, 21, letra B, y 26 de la Ley 172-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico, en perjuicio del Estado dominicano.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
