Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que todos los procesos de licitación en esa institución se realizan con absoluto apego a la ley, mediante prácticas éticas y transparentes.
Precisó que la Ley de Contrataciones Públicas les impide admitir en las licitaciones a los suplidores que no cumplen con los requisitos establecidos en los pliegos que rigen las mismas.
El director ejecutivo del INABIE, Cecilio Rodríguez, se refirió a las supuestas irregularidades denunciadas y aseguró que el hecho de que el propio director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijera que no se han encontrado anomalías es una muestra de que en el INABIE se emplea la transparencia.
“Los procesos de compras que se llevan a cabo son complejos, sin embargo, los mismos se han realizado respetando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública. Este año han participado más de 2 mil 656 Mipymes, una cifra inédita, lo que conlleva a que seamos más cautelosos en el proceso de análisis y evaluación de cada una de estas ofertas recibidas mediante el Portal Transaccional”, expresó Rodríguez.
Dijo que cada uno de esos procesos se transmite en vivo por las redes sociales oficiales de la institución, para que tanto los suplidores como la población en general puedan ver todo lo concerniente a las licitaciones.
Asimismo, recordó que la actual gestión encontró una deuda de 10 mil 700 millones de pesos, parte de esta pendiente desde el año 2015 y que a la fecha está saldada en su totalidad.
“En el último trimestre del año, hemos pagado más de 7 mil millones de pesos, demostrando con esto el compromiso que tenemos con las MIPYMES. Además, contamos con disponibilidad presupuestaria de más de 6 mil 500 millones de pesos para saldar la deuda restante y reiteramos que estamos a la espera de la aprobación de los organismos correspondientes”, dijo.
Cecilio Rodríguez aseguró que se continuará trabajando arduamente para cumplir con la meta de suplir los alimentos requeridos por los centros educativos, apegados totalmente a los principios de la transparencia, la ética y la responsabilidad como servidores públicos.
