El Centro Juan XXIII manifestó que las recientes investigaciones alrededor de la operación Falcón ponen en evidencia que el dinero de la corrupción y el crimen organizado se ha enraizado en las estructuras de los partidos políticos, por lo que exigen mayor trasnparencia sobre los fondos recibidos por estos organismos.
“Ha llegado la hora de exigir transparencia absoluta en el ejercicio de la política. No solo a partir de cuando se accede a una posición de poder, sino desde el origen mismo del proselitismo, con las aspiraciones personales a lo interno de los partidos políticos” expresa un comunicado de la entidad.
A su vez, criticó que estas contribuciones son retribuidas mediante el “tráfico de influencias, favores políticos, impunidad, protección, contratas públicas, entre otros”.
El Centro Juan XXIII recordó que desde el año 2018, tras ser promulgada la vigente Ley de Prevención de Lavado de Activos, viene insistiendo en la inaplazable necesidad de designar a los partidos políticos, candidatos y precandidato como sujetos obligados no financieros.
“El tiempo se ha encargado de validar nuestro reclamo, aunque hubiésemos preferido haber estado equivocados”, señalaron sus representantes.
Además consideró que al ser designados sujetos obligados, los partidos y candidatos tendrán que adoptar rigurosos controles y procedimientos para asegurar la licitud de la fuente de los fondos que reciben como contribución política, el origen y el verdadero patrocinador o beneficiario final de los aportes.
Entiende que deben existir estrictos controles para que los partidos depuren sus precandidatos y los recursos a los que acceden, ya que una vez estos son postulados por los partidos las opciones de la ciudadanía son muy limitadas.
Consideran que el precandidato que recibe “dinero sucio” llega al poder cargado de compromisos con el bajo mundo y la corrupción.
La propuesta de resolución preparada por el Centro Juan XXIII contempla que la Junta Central Electoral sea el órgano competente de la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la ley y la responsable de aplicar las sanciones administrativas en los casos en que proceda.
Esta función es congruente con las atribuciones constitucionales de la Junta Central Electoral y alejaría cualquier intento de manipulación política partidista del tema.
Mientras que el ejercicio de la acción penal pública seguirá a cargo del Ministerio Público y los tribunales penales.
El Centro entregó al pleno de la Junta Central Electoral una propuesta de resolución mediante la cual el órgano electoral, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias constitucionales, le requiere al Comité Nacional de Lavados de Activos que, conforme al artículo 33 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, designe a los Partidos Políticos, a los candidatos y a los precandidatos a cargos electivos como sujetos obligados no financieros.
La entidad hizo un llamado a todos los sectores de la población, incluyendo los mismos partidos políticos, a asumir a esta iniciativa ya que el dinero sucio es actualmente una amenaza grave al sistema democrático, no solo en República Dominicana, sino a nivel global.
