INFOBAE.- El 4 de agosto de 2020 se produjo en el puerto de Beirut una de las mayores explosiones no nucleares de la historia: volaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Los depósitos de la terminal marítima quedaron destruidos y los silos en los que se almacenaba buena parte de los cereales del Líbano. Murieron más de 200 personas.
Un año después, una investigación del Proyecto de Informes sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló que un empresario ucraniano llamado Volodymyr Verbonol y sus socios estaban detrás de la empresa propietaria del cargamento.
Según OCCRP, la empresa formaba parte de una extensa red implicada en el comercio de productos químicos desde el año 2000. La misma ocultaba sus operaciones detrás de al menos media docena de nombres comerciales y de varias empresas ficticias, con proveedores de servicios offshore en Chipre y el Reino Unido que facilitaban las operaciones.
Apenas después de la explosión, un grupo de periodistas descubrió que una empresa sin actividad registrada en Londres, llamada Savaro Ltd, había fletado el cargamento de 2.750 toneladas en 2013, con la intención de enviarlo desde Georgia a una fábrica de explosivos en Mozambique.
El buque que lo transportaba, el MV Rhosus, fue detenido en Beirut por deudas sin pagar y defectos técnicos. El cargamento permaneció en un almacén hasta el día en que detonó. Era una bomba de tiempo.
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Una investigación del OCCRP y sus socios reveló que Verbonol estaba efectivamente detrás de Savaro. Siguiendo un rastro de documentos, distintos periodistas también descubrieron que la empresa formaba parte de una red empresarial más amplia que comerciaba con nitrato de amonio de grado técnico del tipo utilizado para fabricar explosivos.
Con sede en Dnipro (Ucrania), el entramado de compañías es propiedad de una red de empresarios entre los que se encuentran Verbonol y su suegro, el magnate de la construcción Mykola Aliseyenko. Sin embargo, ha ocultado sus operaciones detrás de al menos media docena de nombres comerciales y varios testaferros y empresas ficticias que abarcan Inglaterra, Escocia, el Caribe, Ucrania, el Pacífico Sur y Estados Unidos, según OCCRP.
La red vendía fertilizantes y productos químicos a países africanos desde la década de 2000. Los periodistas también descubrieron que enviaron al menos otros tres cargamentos de nitrato de amonio a Mozambique, en 2013. Al menos una empresa ucraniana de la red sigue comercializando productos en línea, incluidos fertilizantes. Dos proveedores de servicios offshore que trabajan con clientes de las antiguas repúblicas soviéticas -la empresa Interstatus, con sede en Chipre, y el grupo de agentes de formación Alpha and Omega, con sede en el Reino Unido- facilitaron las operaciones de la red durante años.
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Estos descubrimientos exponen un panorama más completo de las personas y entidades detrás de la explosión en Beirut. El asunto puede tener pronto también implicaciones legales. El mes pasado, abogados demandaron a Savaro en el Reino Unido en nombre del Colegio de Abogados de Beirut y de las víctimas de la explosión, argumentando que la empresa tenía una importante responsabilidad en el desastre.
La compleja red detrás del cargamento pone de manifiesto los sofisticados métodos que se utilizan habitualmente en el transporte y el comercio internacionales para ocultar la propiedad, que, según los expertos, suele ser un intento deliberado para eludir la responsabilidad y facilitar las prácticas delictivas u otras comerciales no transparentes.
La abogada principal en el caso contra Savaro, Camille Abousleiman, dijo que la empresa comparte la responsabilidad de la explosión porque era la propietaria legal de la carga y no tomó las medidas adecuadas para recuperar los materiales peligrosos, según OCCRP.
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“Savaro y las personas que la controlan tienen la responsabilidad de garantizar que su carga se almacena adecuadamente y no supone un riesgo para las personas”, declaró al OCCRP Mark Taylor, analista principal de The Docket, una iniciativa de Clooney Foundation for Justice.
Por su parte, las empresas ucranianas negaron cualquier tipo de responsabilidad y se la atribuyeron a las autoridades libanesas.
“Todo el tiempo, la línea de negocio de Atlantis Corporation, Savaro y Dniprosoft ha sido la informática: la producción de software y el marketing en Internet”, dice el comunicado en referencia a las empresas de la red.
