Cómo se rompió la relación entre la Casa Blanca y el presidente Nayib Bukele

Infobae .- La última advertencia estadounidense a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, llegó de la voz de Juan González, asesor de seguridad nacional y uno de los hombres que más de cerca habla a Joe Biden en temas latinoamericanos. Washington, dijo González, tomará acciones ante los coqueteos de Bukele con la reelección.

No es la primera vez que Estados Unidos advierte, pero hasta ahora poco ha cambiado en el guion autoritario del salvadoreño.

González dijo que Bukele “tiene que responder” por la decisión que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos cinco magistrados fueron impuestos en mayo pasado por diputados afines al presidente: el 4 de septiembre pasado, la sala hizo una interpretación de la Constitución que abre la posibilidad para la reelección de Bukele en 2024.

“Nosotros tenemos varios elementos, visas, sanciones y hay otras herramientas”, dijo González a la Voz de América.

Antes que González había respondido, en San Salvador, Jean Manes, la encargada de negocios a la que Biden envió a la capital salvadoreña a poco de asumir la presidencia en Washington.

Manes usó la palabra “condena” al referirse a las políticas y decisiones de Bukele, una escalada en el lenguaje diplomático utilizado por Estados Unidos hasta ahora. “Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución”, declaró Manes a pocas horas de hacerse pública la decisión de la corte bukelista. Por primera vez, Washington se refirió a la situación política salvadoreña como “un declive de la democracia que daña la relación bilateral”.

Más allá de las advertencias públicas, según ha confirmado Infobae en la capital estadounidense, la administración Biden y demócratas en la cámara baja del Congreso discuten un ramillete de opciones para ejercer presión sobre Bukele.

Las posibles herramientas de las que habla González incluyen sanciones económicas, acusaciones penales en suelo estadounidense a funcionarios vinculados al pacto que el gobierno salvadoreño mantiene con la MS13 o el retiro de más visas a diputados, magistrados y ministros del bukelismo, según han dicho a Infobae un puñado de personas que han participado en estas discusiones, entre ellas contratistas especializados en la región centroamericana, asistentes legislativos y diplomáticos en Washington.

“Bukele y El Salvador están en el centro de la atención por ahora, y eso es decir bastante en una región en la que al lado está Juan Orlando Hernández (el presidente de Honduras, señalado por el Departamento de Justicia como cómplice de narcotráfico)”, dijo un asistente legislativo quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hacerlo en público.

El pacto con la MS13

Los exabruptos antidemocráticos de Bukele han ido minando su diálogo con Washington poco a poco, pero nada ha sido tan dañino para la relación como el pacto que el gobierno del salvadoreño mantiene con las pandillas en su país, en especial con la MS13, para mantener a la baja los índices de homicidios.

Hasta ahora, los oficiales estadounidenses han sido cautelosos al referirse al pacto pandillero de Bukele, pero, lejos del ojo público, un grupo especial de tarea, poblado por agentes del Departamento de Estado, del FBI y de la Agencia Antidrogas (la DEA) llevan al menos seis meses recogiendo información sobre las reuniones y pláticas entre líderes de la MS13 y funcionarios de Bukele, como el director de prisiones Osiris Luna, según confirmaron a Infobae un asistente legislativo, un diplomático relacionado con temas centroamericanos y un contratista del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

Antes del 1 de mayo, cuando los recién juramentados miembro de la Sala de lo Constitucional echaron al fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema, Estados Unidos había mantenido un diálogo fluido con Raúl Melara, el fiscal destituido, en el tema de la MS13.

Fue aquel día, cuando Bukele inició lo que Manes describe como el “declive de la democracia”.

Unas semanas antes de eso, a principios de abril, Ricardo Zúñiga, entonces enviado especial de Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica, había visitado El Salvador para tratar temas como el Estado de Derecho en el país. Bukele no lo recibió. Zúñiga voló de vuelta a Washington con Melara, quien aún era fiscal general, para trabajar en varios temas pendientes.

Al llegar, Melara fue conducido a un hotel de Washington sin demasiado protocolo. A la mañana siguiente, oficiales estadounidenses le anunciaron que lo llevarían a un hospital local, donde le aplicaron una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Tras reposar un rato en el hotel, Melara fue a una de las sedes del Departamento de Justicia en el Distrito de Columbia. Ahí, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) le pidieron que revisara seis dossiers con información de miembros de la llamada ranfla histórica de la pandilla MS13. La ranfla, formada por al menos 13 líderes pandilleros, es la máxima autoridad de la MS; la mayoría de sus miembros guarda prisión en cárceles salvadoreñas.

Un empleado de la Fiscalía General, que fue cercano a Melara, y dos funcionarios estadounidenses consultados -un contratista del gobierno federal y un diplomático que estuvo destacado en Centroamérica y conoce de cerca la agenda del gobierno Biden con El Salvador- confirmaron el viaje del exfiscal salvadoreño y su agenda en Washington. Los tres accedieron a hablar desde el anonimato; el salvadoreño por razones de seguridad y los estadounidenses por no estar autorizados a hacerlo en público.

Los agentes federales explicaron a Melara su objetivo: al menos dos tribunales estadounidenses, uno en California y otro en Nueva York, preparaban solicitudes de extradición de 13 miembros de la ranfla que, en diciembre de 2020 y enero de 2021, habían sido acusados de terrorismo por los Estados Unidos.

Los estadounidenses pusieron frente al fiscal general los gruesos expedientes de los ranfleros salvadoreños. Dos de las fuentes familiarizadas con las reuniones de Melara en Washington confirmaron que había una carpeta por cada ranflero y que el entonces fiscal general revisó cuando menos las de Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias Diablito de Hollywood; José Luis Mendoza Figueroa, alias Viejo Pavas; Saúl Ángel Turcios, alias Trece de Teclas; Elmer Canales Rivera, alias Crook de Hollywood; Dionisio Aristides Umanzor, alias Sirra de Teclas; y Ricardo Alberto Díaz, alias Rata de Leewards.

El objetivo de los agentes del Departamento de Justicia era convencer a Melara de que esos miembros de la ranfla, así como los demás listados como terroristas en la acusación de enero de 2021, debían de ser extraditados para cumplir penas en Estados Unidos, y explicarle que, para evitar futuros escollos legales, el fiscal general estadounidense estaba dispuesto a quitar de la mesa la pena de muerte con el fin de facilitar el trámite de extradición. Melara firmó su apoyo.

La luz verde de Melara era un primer paso para allanar el camino de la extradición. Faltaba un aval similar del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Pineda. Una fuente cercana al despacho de este exmagistrado aseguró que Pineda también daría el visto bueno.

Así, a mediados de mayo de este año, el máximo tribunal de justicia y el jefe de la fiscalía general habían abierto la puerta a la posibilidad de que el liderazgo nacional de la MS13, el mismo que negoció la tregua con la administración de Mauricio Funes en 2012, terminara sus días en cárceles de máxima seguridad de los Estados Unidos purgando penas por terrorismo. Parecía el final de un camino que fiscales y jueces estadounidenses en California y Nueva York habían empezado a caminar en 2016, cuando reclutas de la MS13 fueron condenados por varios asesinatos en Long Island.

Pero llegó el 1 de mayo de 2021. En El Salvador tomó posesión la súper mayoría del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele que, en su primer acto oficial, destituyó sin demasiados trámites a Melara, a Pineda y a los otros magistrados, con lo que, además de la continuidad del régimen constitucional, lo recorrido en la extradición de los ranfleros quedaba en suspenso.

La corte de Bukele no tardó en dar señales de que no seguirían con la ruta hablada por Melara y los estadounidenses. El 10 de junio, el pleno de la Corte (15 magistrados) había acordado avalar la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue y líder de la MS al que Estados Unidos acusa de terrorismo. A finales de agosto, sin embargo, los magistrados de Bukele detuvieron la extradición de Blue.

Todo ha ocurrido en medio del pacto entre el gobierno Bukele y las pandillas, documentado por agentes estadounidenses destacados en San Salvador y revelado por investigaciones periodísticas de El Faro y La Prensa Gráfica, que prueban reuniones entre Osiris Luna Meza, el director de prisiones de Bukele, y varios líderes de la MS13.

Desde al menos marzo de este año, agentes judiciales y policiales de Estados Unidos han recopilado información y testimonios sobre el pacto pandillero de Bukele, las reuniones de los funcionarios del Ejecutivo con los líderes de la ranfla en las cárceles, las autorizaciones de salidas de los jefes de pandillas de las prisiones. Esas investigaciones, según confirmó Infobae, están abiertas.

Una relación dulce que se agrió

El asunto no había empezado mal. En marzo de 2019, como presidente electo, Bukele viajó a Washington a una gira que lo llevó por oficinas del Congreso, de la administración del entonces presidente Donald Trump y a dar un discurso en la Fundación Heritage, uno de los cuarteles intelectuales del conservadurismo en Estados Unidos.

En la Heritage, Bukele habló de la democracia, de combate a la corrupción, condenó a los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua y tildó de poco transparentes las relaciones diplomáticas de El Salvador con China. A Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, lo tildó de dictador. Jean Manes era, entonces, la embajadora nombrada en El Salvador, y fue ella quien abrió la mayoría de las puertas a Bukele en las riberas del río Potomac.

“Dijo lo que todos queríamos oír”, aseguró un exfuncionario de la administración Trump que estuvo en esa reunión.

Para diciembre de 2019, Bukele enviaba otras señalas, algunas de ellas lejanas a lo que Washington quería oír. Aquel mes, el presidente salvadoreño, ya juramentado, visitó Pekín, donde recibió todos los honores y hasta un doctorado honoris causa. En la capital china, Bukele habló de un “acercamiento histórico” entre ambas naciones.

A la embajadora Manes la sustituyó Ronald Johnson, un coronel asignado al Comando Sur vinculado a los círculos íntimos del trumpismo. Johnson y Bukele se hicieron amigos: el embajador solía subir a sus redes sociales fotos familiares con el salvadoreño en vacaciones playeras o en restaurantes de lujo. Un exdiplomático asignado a El Salvador aseguró a Infobae que Johnson ayudó a Bukele a pasar las primeras tormentas que en Washington habían provocado los informes llegados de la embajada en San Salvador sobre los tratos entre el gobierno y las pandillas, que el entonces embajador conocía y prefirió ignorar.

Con la llegada de Biden a la Casa Blanca el asunto cambió: el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado retomaron los datos sobre la negociación y profundizaron la investigación a funcionarios de Bukele. Los resultados finales de esas pesquisas son aún desconocidos.

La primera reprimenda pública importante de la Casa Blanca llegó tras el golpe legislativo del 1 de mayo, que sirvió a Bukele para poner a sus acólitos en Fiscalía y Corte Suprema. “Así no se hace”, tuiteó Juan González poco después de aquel golpe. El 2 de mayo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con Bukele para expresarle su “profunda preocupación” por los cambios.

Poco después, el 12 de mayo, Zúñiga volvió a viajar a San Salvador para reiterar el mensaje a Bukele, que esta vez sí lo recibió. Ahí, el enviado de Biden, advirtió que Washington entendía que el estatus quo previo al golpe del primero de mayo era el que la Casa Blanca reconocía como respetuoso de la Constitución de El Salvador. La respuesta de Bukele llegó en un tuit: “No volveremos al pasado”, escribió el presidente en su cuenta horas después de recibir a Zúñiga.

Washington respondió incluyendo a cinco funcionarios cercanos a Bukele en la llamada Lista Engel, elaborada por el Departamento de Estado para nombrar a funcionarios señalados por actos de corrupción o crímenes, a quienes se les ha retirado la visa de entrada a Estados Unidos.

Desde entonces, la escalada autoritaria de Bukele continúo en forma de más ataques a la prensa, encarcelamiento de opositores y la promulgación inconsulta de leyes, como la que da vida a la circulación del bitcoin como moneda de curso legal.

Por un momento, otros asuntos de política exterior, sobre todo la salida de tropas estadounidenses de Afganistán después de veinte años de presencia militar, desviaron la atención del Departamento de Estado. Eso, según un diplomático estadounidense que estuvo destacado en San Salvador y conoce las discusiones actuales sobre el país centroamericano, cambió cuando la Corte Suprema manejada por Bukele abrió el camino para la reelección.

“El Departamento de Estado se ha vuelto a enfocar en El Salvador. Lo de Afganistán ha sido lo prioritario, pero Centroamérica está a la vuelta de la esquina… Y Bukele ha cruzado líneas que antes no se habían cruzado en El Salvador desde la firma de la paz”, dice el diplomático, quien habló con Infobae en la capital estadounidense.

Esta fuente coincide con las otras consultadas para este reportaje: Washington observa de cerca y tiene un ramillete de opciones listas para contestar.