Tanto abogados como ingenieros, contables, arquitectos, empleados y testaferros tenían conocimiento de que participaban en el lavado de activos para dar apariencia de licitud a los bienes ilegales que había obtenido la red de narcotráfico internacional desmantelada en República Dominicana bajo la operación Falcón.
Así consta en la solicitud de medida de coerción contra los 21 implicados en esta red de narcotráfico, que indica que gracias a ese conocimiento, lograron adquirir cientos de propiedades, armas de fuego de corte calibre y de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de alta gamas, prendas, embarcaciones y dealer de vehículos.
También, según el expediente, esta red de narcotráfico se apoderó de discotecas, bancas de apuestas y empresas que se dedican al entretenimiento.
Esta solicitud señala que durante años, esta red traficó cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.
Estos presuntos delincuentes colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de las empresas antes mencionadas.
La red Falcón transformó sus transacciones con el objetivo de colocarlos en la economía legal y en las instituciones financieras, por lo que los imputados trataban de darle apariencia legal a sus negocios a través de documentaciones, con la pretensión de ocultar rastro de su origen y justificar el rápido incremento de su fortuna.
Para el 2012 ya esta red traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana, llegando a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
La acusación señala que “existen evidencias” de que la red incrementó sus operaciones a partir de 2017.
Entre la República Dominicana y Puerto Rico se le decomisó aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, “lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas”, añadió la acusación, agregó la nota de la Procuraduría.
Esta red, que tenía su base de operación sobre todo en Santiago, portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado, señaló.
Para desmantelas esta estructura, las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
El Ministerio Público solicitó prisión contra 21 personas arrestadas en el marco de la operación Falcón, entre ellos, el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, por su supuesta implicación en una poderosa red de narcotráfico y lavado.
En su solicitud de medida de coerción presentada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público también pidió que el caso sea declarado complejo,
Además de Maldonado Castro, suspendido de sus funcionarios el miércoles por el presidente Luis Abinader, en este caso están implicados María Olimpia Tavares Rodríguez, Víctor Elpidio, Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
