Un tribunal peruano condenó este martes a cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) al ex fiscal general de Perú Pedro Chávarry por haber intentado boicotear las investigaciones del equipo especial que sigue el caso Odebrecht en Perú, a cuyos principales encargados destituyó a fines de 2018.
La decisión fue tomada por el juez Hugo Nuñez, quien encontró a Chávarry culpable del delito de encubrimiento real y también ordenó su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 4 años y el pago de una reparación civil de 100.000 soles (24.390 dólares).
El juez señaló que está probado que Chávarry intentó entorpecer las investigaciones del equipo especial Lava Jato para favorecer los intereses del partido político Fuerza Popular, que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
PRESIÓN CIUDADANA
Chávarry renunció al cargo de fiscal general el 7 de enero de 2019, en medio de grandes manifestaciones ciudadanas en su contra, pero se mantuvo como fiscal supremo hasta el 28 de agosto de 2020, cuando fue suspendido durante 18 meses por el Poder Judicial para que dejara de contar con protección legal.
En su acusación, la fiscal Bersabeth Revilla aseguró que el exfiscal buscó “dificultar el acopio de medios probatorios en las investigaciones a cargo del equipo especial en el caso Odebrecht, con la finalidad de sustraer de las investigaciones fiscales en curso a miembros del partido político Fuerza Popular”.
Revilla recordó que el exmagistrado exigió información al equipo especial sobre el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, a pesar de que este era reservado, y luego removió de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en medio de un enfrentamiento público.
Chávarry destituyó el 31 de diciembre de 2018 a Vela, el jefe del equipo especial, y al fiscal Pérez, el encargado de casos de gran impacto como el que se sigue contra Fujimori y su partido por la presunta financiación de sus campañas electorales con fondos ilícitos, entre ellos de la empresa Odebrecht.
El entonces fiscal general, quien también ha sido vinculado con una red de corrupción en la Judicatura conocida como “Los cuellos blancos del puerto”, argumentó en ese momento que los fiscales habían vulnerado el principio de jerarquía en el Ministerio Público, al haber cuestionado su permanencia en el cargo.
DENUNCIA
El 26 de diciembre de 2018, Pérez había denunciado a Chávarry por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en las modalidades de encubrimiento personal y real, tras sostener que había “ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht”.
Entre los investigados de este caso están, además de Fujimori, los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y también se seguía pesquisas contra el exgobernante Alan García (2006-2011), quien se suicidó el 17 de abril de 2019 para evitar ser detenido.
La presencia de Chávarry como fiscal general fue muy cuestionada desde que asumió el cargo en julio de 2018, ya que se le vinculó con la red de corrupción en la Judicatura que supuestamente lideró el exjuez César Hinostroza, quien permanece en España mientras se procesa su extradición a Perú.
Sin embargo, los diferentes pedidos para que el Congreso de entonces evaluase su permanencia en el cargo fueron bloqueados por la bancada mayoritaria del partido fujimorista Fuerza Popular.
La destitución de Vela y Pérez fue rechazado de inmediato por la mayoría de sectores sociales y políticos del país, y generó masivas movilizaciones ciudadanas que llevaron a Chávarry a dar marcha atrás y reponerlos en sus cargos el 2 de enero de 2019, tras lo cual renunció días después a seguir dirigiendo el Ministerio Público.
EFE
