Por Massiel Bravo.- A propósito de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional pospuso para el martes siete de septiembre el pedido del exprocurador Jean Alain Rodríguez para tratar que se le varíe la medida de coerción y salir en libertad, los otros involucrados en distintos casos de corrupción del pasado Gobierno han tratado en vano de salir de la cárcel.
Cuatro expedientes que involucran a funcionarios de la administración de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana y uno de la actual gestión, los vinculados guardan prisión preventiva, como medida de coerción, decisiones que han sido recurridas en los tribunales conforme se han cumplido los plazos legales, sin variaciones, por el momento.
Y es que se les han impuesto cumplir medidas de coerción en distintos centros correccionales del país y no han tenido éxito cuando han solicitado la variación de estas medidas pidiendo llevar el proceso en libertad.
Este el caso del imputado en la Operación Anti Pulpo, Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Medina, acusado de corrupción administrativa y de ser proveedor privilegiado del Estado, apeló cuatro veces la medida preventiva que le fue impuesta.
Su último intento tuvo lugar el pasado viernes cuando la jueza Yanibel Rivas vio como suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para ratificar la medida que le impuso el entonces juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, el 8 de diciembre del año pasado.
Asimismo, a Aquiles Christopher, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e imputado en esta operación, se le ratificó en el mes de julio la medida de coerción. No obstante, la semana pasada volvió a solicitar su salida de prisión, alegando problemas cardíacos. Hasta ahora no se ha fijado fecha para la audiencia.
La misma situación han experimentado Francisco Pagán, José Dolores Santana, Wacal Vernavel Pineda, Fernando Rosa y Julián Suriel Suazo a quienes tampoco les han concedido la variación de sus medidas.
En cuanto a los imputados en la Operación Coral, acusados de formar parte de un entramado societario militar para desfalcar al Estado, también se les ha ratificado las medidas de coerción a quienes han optado por el recurso de apelación.
En ese sentido, la semana pasada una jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió mantener en prisión al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y principal imputado de esta operación.
También, decidió lo mismo para la pastora Rossy Guzmán Sánchez, al cabo de la Policía Tanner Antonio Flete Guzmán, al coronel policial, Rafael Núñez de Aza y al sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
A todos los imputados en la Operación Coral mencionados anteriormente se les había impuesto el cumplimiento de 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
