La Dirección General de Prisiones levantará, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la jueza de Ejecución de la Pena, un registro que permitirá buscar una solución para los casos de privados de libertad que agotaron el tiempo de sus condenas de reclusión y tienen dificultades económicas para cubrir multas o fianzas.
El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, se refirió al tema luego del recorrido del defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, por la Penitenciaría Nacional de La Victoria, durante una visita que contó con la presencia de Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y coordinador del Gabinete Penitenciario.
“Tendremos un plan piloto en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; el defensor del Pueblo tiene la idea de crear un fondo, con el apoyo de beisbolistas, para cubrir esas multas”, resaltó Hernández Basilio.
Para obtener su libertad, las personas que han agotado sus años de prisión deben, además, pagar las multas incluidas en sus sentencias, por lo que este plan facilitará la salida de internos que carecen de recursos económicos para cubrir ese compromiso.
Hernández Basilio y Baró Gutiérrez recibieron a Pablo Ulloa en el recorrido, en el que también participaron la coordinadora nacional del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra Polanco, y la directora del recinto, María Soriano.
Junto a Ulloa, visitó el centro de privación de libertad el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la República Dominicana, Manuel María Mercedes.
La jueza de ejecución de la Pena, Mercedes Sena, acompañó a la comitiva.
En su segunda visita al penal, el defensor del Pueblo llevó como invitados especiales a Inka Mattila, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a la campeona panamericana de atletismo Juana Arrendel y al medallista olímpico en taekwondo Gabriel Mercedes.
Durante el recorrido, el funcionario ponderó la importancia de la conformación de una plataforma de apoyo económico que servirá para que cientos de privados de libertad obtengan los recursos que les permita honrar las multas que les darán el pase hacia la libertad.
