El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reiteró su posición de que el caso sea transmitido por los medios masivos y aseguró que si uno de los demás imputados se opone, pedirá que su audiencia sea separada de los demás.
“(…) Porque quiero que mi audiencia sea pública”, precisó el exprocurador, quien desde que se destapó la denominada Operación Medusa externó su deseo de que el pueblo dominicano “conozca la verdad” a través de la transmisión en vivo de su caso.
Jean Alain dijo, además, que tiene muchas cosas qué decir.
“Quiero que todo el país me escuche”, requirió.
Sin embargo, de acuerdo a Gustavo Biaggi, uno de sus abogados, a pesar de la insistencia del exprocurador la defensa le ha recomendado que “tuviera el cuidado y la prudencia, porque hay mucha información que se maneja sobre sola especulación”.
Biaggi dijo a periodistas ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que la magistrada decidió la no transmisión del proceso debido a que uno de los implicados expresó que su seguridad corría peligro y esa fue la causa por la que no aceptó que se difunda el conocimiento de medidas cautelares.
En tanto, el Ministerio Público sustentó sus alegatos en las pruebas presentadas en el expediente, que incluye el llenado de botellas de ron, políticos empleados, sobre la base, además, de que en las cárceles no se hicieron estudio de suelo, de que las cárceles se hicieron con las tuberías por fuera, que se dañaron 600 colchones y demás, de acuerdo a uno de los abogados de la defensa, quien dijo que “en eso fue basada la argumentación del Ministerio Público”.
Como parte de la “Operación Medusa” puesta en marcha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó, además, a Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.
La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.
La Operación Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó el lunes al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.
Según el Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
