Comisión especial del Senado estudiará proyecto de ley del Código Penal

El Senado de la República conformó este martes una comisión especial para el estudio del proyecto de ley al nuevo Código Penal Dominicano.

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, designó a los senadores Faride Raful, Dionis Sánchez, Iván Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Pedro Catrain y Rogelio Genao.

La comisión está presidida por el legislador Santiago Zorilla, quien estudiará lo aprobado en la Cámara de Diputados la pasada semana.

Se recuerda que la Cámara Baja aprobó en segunda lectura el pasado  miércoles, el nuevo Código Penal, que despenaliza el aborto en una única excepción, cuando corra riesgo la vida de la madre.

El texto fue aprobado, con 128 votos a favor y 13 en contra, sin modificaciones en la cuestión del aborto, la más polémica del proyecto, con respecto al texto que fue aprobado por los diputados en primera lectura el pasado 28 de abril.

Se esperan cambios sustanciales al proyecto, que sustituirá al actual Código Penal, que data de 1884.

Antes de la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que la norma constituirá “un nuevo instrumento penal para que el país inicie el camino de la modernización de su justicia penal”.

En la votación de este martes, la diputada opositora Ivannia Rivera, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), propuso una modificación para que el texto permita el aborto en tres casos, como reclaman las feministas, pero la moción fue ampliamente derrotada, por 38 votos a favor y 99 en contra.

Los grupos que defienden los derechos de las mujeres demandan que se despenalice el aborto en el caso de violación o incesto, en el riesgo para la vida de la madre y en caso de una malformación del feto incompatible con la vida fuera del útero.

Las feministas también cuestionan la redacción del artículo que permitirá el aborto en el caso de riesgo para la vida de la madre, puesto que solo permite interrumpir el embarazo si primero “se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible”.

Según el texto aprobado, las mujeres que se practiquen un aborto cumplirán de uno a dos años de prisión, mientras que las penas para los médicos y enfermeros varían de dos a tres años, pudiendo llegar a diez años en el caso de que muera la parturienta.