El exprocurador Jean Alain Rodríguez en conjunto con los imputados Jonathan Rodríguez y Alfredo Solano elaboraron 22 contratos de alquiler de medios de transporte por el monto de RD$35, 940,000.00, así como múltiples contratos, adendas de contratos al margen de la ley y contratos de confidencialidad que evidencia como operaba el entramado, hoy denominado Operación Medusa en la Procuraduría General de la República.
Así lo establecen las investigaciones hechas por el Ministerio Público plasmadas en la solicitud de medidas de coerción en contra de los implicados en el caso.
De acuerdo al expediente dichos contratos se firmaron en plena pandemia del Covid-19, “época en que se estaba trabajando desde la virtualidad, para contratar servicios de transportes y pagarlos a través de las cuentas de las nóminas con un monto fijo mensual cuando el servicio no era constante, por su naturaleza, estos contratos fueron cancelados antes de vencer el plazo de terminación de los mismos”.
Asimismo, el Ministerio Público señala que en la gestión de Alain Rodríguez hubo adquisición fraudulenta de combustible, donde mediante documentos se estableció adquirir la suma de RD$10,700.000.00 en gasolina y gasoil a la empresa Sunix Petrolum S.R.L., a través de facturas con fecha de febrero del 2020.
“En la actualidad no hay evidencias de a quienes le fueron entregados el combustible, en referencia, este expediente fue autorizado por el director Administrativo del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez, participando en el mismo el subdirector financiero, Alfredo Solano y el imputado Jean Alian Rodríguez, quien autoriza la operación”, dicta la acusación de órgano persecutor.
El documento establece que en fecha 13 de febrero del 2020, Rodríguez dirigió una comunicación al contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, solicitando la autorización de reconocimiento de deuda y alegando que el combustible adquirido se debía a que en vista de las actividades de la institución se habían realizado consumos adicionales, los cuales no tenían destinatario.
“Pero si todas estas acciones son evidentemente alarmantes y sin justificación, en fecha del 09 de marzo del 2021 es que la Procuraduría General de la República recibe una comunicación de Sunix, alegando que habían presentado una confusión con la factura B1500041360 y que la misma aparecía como pagada sin estar pagada, debido a una confusión interna”.
De acuerdo a las acusaciones del MP, en la PGR se creó un entramado criminal, donde utilizaron diferentes modalidades para distraer fondos entre ellas, a través de contratos ficticios de personas que estaban en las nóminas de contratados.
El expediente señala que los imputados Jonathan Rodríguez, Alfredo Solano, Rafael Canó, Jenny Marte y Javier Forteza, tenían personas contratadas que realmente eran contratos ficticios realizados para distraer fondos de la Procuraduría con el consentimiento y beneficio de Jean Alain Rodríguez.
Otras de las modalidades en la que participaban los imputados eran distrayendo fondos a través de supuestas contratos de transportes como el caso de Alfredo Solano, específicamente con la empresa Sol Grúa, este imputado también cometía maniobras fraudulentas en la construcción de los pozos sépticos del Plan de Humanización; en esta operación participaron Alain Rodríguez, Jonathan Rodríguez y Jenny Marte, ya que sin su participación y autorización no era posible modificar la ejecución de los contratos del Plan de Humanización, establece el expediente.
