La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, dijo que hasta que la población no entienda que el Estado dominicano tiene el deber de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, estará perdida, en relación a la aprobación del Código Penal, el cual ha sido objeto de controversia por una supuesta nulidad de derechos a las personas de la comunidad LGTBIQ y las mujeres con embarazos en riesgo.
La vocera del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que esperará que la pieza pase al Senado de la República.
“Hasta que no entendamos que el Estado tiene que garantizar la igualdad de derechos a todos sus ciudadanos, estaremos perdidos. El Proyecto de Código Penal, ahora irá al Senado. Ahí lo esperamos”, colgó la legisladora en su cuenta de Twitter.
Hasta que no entendamos que el Estado tiene que garantizar la igualdad de derechos a todos sus ciudadanos, estaremos perdidos. El Proyecto de Código Penal, ahora irá al Senado. Ahí lo esperamos.
— Faride Raful (@Farideraful) July 1, 2021
Ayer, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó, en segunda lectura, el nuevo Código Penal, que despenaliza el aborto en una única excepción, cuando corra riesgo la vida de la madre.
El texto fue aprobado, con 128 votos a favor y 13 en contra, sin modificaciones en la cuestión del aborto, la más polémica del proyecto, con respecto al texto que fue aprobado por los diputados en primera lectura el pasado 28 de abril.
El Código Penal pasará ahora al Senado, cámara en la que no se esperan cambios sustanciales al proyecto, que sustituirá al actual Código Penal, que data de 1884.
Los grupos que defienden los derechos de las mujeres demandan que se despenalice el aborto en el caso de violación o incesto, en el riesgo para la vida de la madre y en caso de una malformación del feto incompatible con la vida fuera del útero.
Las feministas también cuestionan la redacción del artículo que permitirá el aborto en el caso de riesgo para la vida de la madre, puesto que solo permite interrumpir el embarazo si primero “se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible”.
Según el texto aprobado, las mujeres que se practiquen un aborto cumplirán de uno a dos años de prisión, mientras que las penas para los médicos y enfermeros varían de uno a dos años. Cuando fue aprobado en primera lectura, el proyecto imponía penas de dos a tres años por esta última causa.
Ayer también los diputados aprobaron una modificación del proyecto del Código Penal que elimina la orientación sexual y el género como dos supuestos para el delito de discriminación.
La preferencia u orientación sexual de la víctima también se dejaron de considerar como agravantes en el caso de homicidio o de torturas y actos de barbarie.
La modificación a estos artículos fue presentada por la diputada Isabel de la Cruz y fue aprobada con 92 votos a favor y 35 en contra en el pleno de la Cámara baja.
