Juristas señalan coerción podrían convertirse en juicios anticipados en casos de corrupción administrativa

Para diversos juristas que conforman el “Observatorio por un Justo Proceso”, los recientes casos que sigue la Procuraduría General de la República (PGR), por corrupción administrativa, las medidas de coerción podrían convertirse en juicios anticipados.

De acuerdo a Eduardo Jorge Prats, la prisión preventiva es excepcionalísima, pues dado su carácter subsidiario, ella es imposible si además de la concurrencia de los presupuestos materiales que la posibilitan, no existe ninguna otra alternativa menos gravosa que desaconseje su aplicación”.

En ese sentido, el jurista se refirió sobre las opiniones vertidas en las redes sociales, calificándolo como la sociedad del espectáculo las reacciones de la ciudadanía por los casos que sigue la PGR.

“Eso explica que las medidas coercitivas, con el temeroso concurso de jueces encorvados por la presión de los juicios alternativos o paralelos, se hayan transformado en medidas punitivas”, consideraron los juristas constitucionalistas en un documento.

Indican que pensar de otro modo equivale a creer que esta etapa se encuentra reservada para discutir otra cosa que no sea la probabilidad de que el imputado pueda eludir el proceso, poner en peligro la integridad de la investigación, y de manera marginal, si los elementos de prueba adelantados por la parte acusadora son suficientes para presumir razonablemente que el imputado ha tenido participación en la comisión del hecho punible.

Se recuerda que el más reciente caso que sigue el Ministerio Público ha sido denominado Operación Medusa, con el que se acusa, entre otros imputados, al exprocurador Jean Alain Rodríguez de ser el principal señalado de corrupción contra el Estado previo y durante su gestión como procurador.

Por el caso han sido 22 las personas involucradas, luego que anoche se ejecutaron múltiples allanamientos en Santo Domingo, Jarabacoa y La Romana.