El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, realizaba contrataciones con empresas de los hermanos de la exprimera dama Cándida Montilla, los cuales pagaba con fondos de organismos internacionales y en otras ocasiones con fondos del Estado.
Maxy y Alexander Montilla Sierra, hermanos de la esposa del expresidente de la República Danilo Medina, lograron conformar, según dice la querella, un entramado corrupto que se benefició de los proyectos que financiaban las entidades internacionales para mejorar la estructura eléctrica del país.
De los fondos internacionales, la CDEEE durante la gestión de Jiménez Bichara pagó más de US$57 millones de dólares, lo que traducido a pesos representa más de 3 mil 300 millones, recursos que fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversión (BEI), Banco Mundial a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).
Así lo dice la querella interpuesta por el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, Andrés Astacio, contra un presunto entramado encabezado por Bichara, el cual está acusado de estafar al Estado por más de RD$20,000 millones durante la gestión gubernamental del expresidente Medina.
“Estas contrataciones ilícitas eran ejecutadas directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, por el también querellado, Jerges Rubén Jiménez Bichara. En algunas ocasiones, estas contrataciones eran realizadas con financiamiento de organismos internacionales, mientras que, en otras, los proyectos eran cubiertos con fondos del Estado Dominicano”, dice la querella a la que ha tenido acceso N Digital.
El total de fondos provenientes de financiamientos internacionales y que fueron ejecutados por la CDEEE ascendió a más de US$488 millones, fondos, que según la querella, fueron malversados, defraudados y sustraídos por la asociación de malhechores.
“Los cuatro contratos de financiamiento por ser organismos multilaterales, requieren que se apliquen sus normas especiales internas para las compras y contrataciones públicas, en tal sentido se excluyen de dichos procesos las normas y
regulaciones relacionadas con la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, Núm. 340-06 y sus reglamentos de aplicación”, dice la demanda.
Al entramado se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
Los imputados son Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, y más de 25 empresas nacionales que fueron parte del “entramado mafioso” contra las cuales en el día de ayer se interpuso la querella.
