Un tribunal de Nicaragua ordenó este lunes prisión preventiva por 90 días contra el precandidato presidencial Arturo Cruz, investigado por la fiscalía por delitos de “provocación” y “conspiración” contra el país, informó el ministerio público.
El juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua tomó esta decisión en respuesta a una solicitud de la fiscalía, que requirió más tiempo para investigar a Cruz por el “delito de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
La fiscalía pidió prisión preventiva porque “existe la probabilidad de que el investigado pueda obstaculizar el proceso”, agregó la institución en un comunicado.
Cruz, un exdiplomático y académico de 67 años, fue detenido el sábado en el aeropuerto de Managua cuando volvía de Estados Unidos.
Los cargos contra Cruz, quien anunció hace dos meses su intención de ser candidato, están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre.
Cruz es el segundo aspirante a la candidatura presidencial que es detenido, tras el arresto domiciliario el 2 de junio de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien es acusada por el delito de presunto lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre.
Chamorro, de 67 años y quien no milita en ningún partido, expresó su intención de representar a la oposición como candidata única en enero.
Sondeos de opinión indican que entre una decena de postulantes al cargo, Chamorro es la que obtiene mayor apoyo ciudadano después del presidente Daniel Ortega, con 14 años en el poder y quien, según sus adversarios, buscará en las elecciones del 7 de noviembre un cuarto mandato sucesivo.
La vicepresidenta Rosario Murillo en su alocución en los medios afines al gobierno, sin mencionar los nombres ni los procesos penales, llamó “malos hijos” de Nicaragua a los opositores.
“No vamos a permitir que se perpetúe, que se continúe queriendo atracar los derechos del pueblo porque es un atraco (…) pretender cercenar su soberanía a cambio de dinero mal habido, y lo mal habido tiene mal fin”, dijo Murillo.
La Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL-derecha), que se perfila como la opción opositora para enfrentar al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda), rechazó las acciones contra los precandidatos presidenciales.
La presidenta de CXL, Kitty Monterrey, dijo a periodistas que “hemos llegado a la conclusión de que Ortega no se va a detener y posiblemente siga tratando de descabezar a todo aquel (candidato) que se le oponga, pero vamos a seguir luchando. Si nos quitan candidatos, los vamos a reponer”.
Fuente: AFP
