Infobae.
Un ex ministro del gobierno interino de Bolivia encabezado por Jeanine Áñez fue detenido e inculpado de corrupción en Estados Unidos, dijeron el miércoles autoridades estadounidenses.
Se trata del ex ministro del Interior boliviano Arturo Murillo, de 57 años. Además, fueron detenidos su ex jefe de gabinete Sergio Méndez, de 51, así como tres empresarios estadounidenses, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Según documentos judiciales, los tres estadounidenses son sospechosos de haber pagado entre noviembre de 2019 y abril de 2020 unos 602.000 dólares en sobornos a funcionarios bolivianos en beneficio de Murillo y Méndez.
Los sobornos se pagaron a cambio de un contrato de compra de gas lacrimógeno por unos 5,6 millones de dólares destinado al Ministerio de Defensa de ese país andino.
Los tres estadounidenses blanquearon luego los pagos a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y facilitaron la entrega de 582.000 dólares en efectivo a Murillo y Méndez.
Los cinco acusados fueron procesados por lavado de dinero y enfrentan hasta 20 años de prisión.
Murillo es también objeto de una orden de arresto por “sedición, terrorismo y conspiración” en su país, al igual que la ex presidenta interina Añez.
Al frente del gobierno de Bolivia desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, la ex mandataria conservadora y varios de sus ministros fueron imputados a mediados de marzo como parte de una investigación por un supuesto “golpe de Estado” contra el ex presidente socialista Evo Morales.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había pedido su liberación a finales de marzo. Murillo había abandonado Bolivia en noviembre del año pasado.
El Gobierno boliviano pedirá a Estados Unidos la extradición de Arturo Murillo y de su ex jefe de gabinete,. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó en una conferencia de prensa este miércoles que solicitará la activación del sello azul en contra del ex ministro Murillo y su ex jefe de gabinete Sergio Méndez, además que se enviarán notas al Gobierno norteamericano para la extradición de ambas personas.
”Nuestra jurisdicción nos permite realizar este proceso en territorio boliviano. Es por eso que queremos que se juzgue a estos bolivianos en territorio nacional, queremos que estas personas rindan cuentas”, expresó Del Castillo.