Las protestas que desde hace más de tres semanas sacuden a Colombia han agravado la crisis económica que arrastra el país por la pandemia del coronavirus y que se manifiesta en una subida de los precios de productos básicos por los bloqueos de las carreteras y la paralización de algunos sectores.
En los supermercados de las grandes ciudades escasean productos como los huevos o los tomates y cuando se consiguen, su precio puede llegar a ser cinco y hasta diez veces superior al normal debido a las dificultades de abastecimiento.
La situación más difícil se vive en el departamento del Valle del Cauca, que además de tener el principal puerto de Colombia en el Pacífico ha sido el epicentro de las protestas y vivido las jornadas más difíciles de violencia.
Justamente en Buenaventura, por cuyo puerto se mueve más del 50 % del comercio exterior del país, hubo el miércoles enfrentamientos entre manifestantes y policías durante la cuarta jornada de “paro nacional” (huelga), que vándalos aprovecharon para causar daños en ocho túneles de una carretera de acceso a esa localidad.
Ante esa situación, monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, la capital departamental, pidió que “la protesta no exceda presión que la deslegitime y aleje a la ciudadanía”.
Esto porque, según recordó el prelado, la “escasez, carestía, empobrecimiento agudo, además de pandemia, golpean a los más débiles”, por lo cual hizo un llamado a los manifestantes a abrir “espacios de acuerdo con (el) Estado local, regional y nacional”.
PROLONGACIÓN DE LAS PROTESTAS
Sin embargo, los portavoces del Comité Nacional del Paro aseguraron que seguirán “convocando a grandes movilizaciones y acciones pacíficas, hasta que el Gobierno pare la violencia” que, según la ONG Temblores se ha cobrado la vida de 43 personas en las protestas.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, manifestó su preocupación por los efectos que puedan tener las manifestaciones “sobre la recuperación que apenas arrancaba” después de más de un año de pandemia.
“Es importante mantener niveles de actividad que permitan generar empleo y producción. Este debe ser un propósito de todos en estos momentos, hacemos un llamado a retomar actividades plenas lo antes posible para poder lograr estos objetivos”, manifestó Mac Master.
La presión popular logró tumbar los proyectos de reforma tributaria y de la salud que tramitaba el Congreso y forzó al presidente Iván Duque a cambiar a tres de sus ministros, pero la prolongación de las manifestaciones, sin que se vislumbre una solución a corto plazo, se ha vuelto motivo de preocupación.
El sector de la construcción, uno de los motores de la economía colombiana, advirtió este jueves que miles de empleos están en riesgo por los bloqueos en las vías, que impiden la circulación de materiales.
“Los bloqueos y cierres viales ya afectan de manera directa a 472.138 trabajadores de la construcción que no han podido realizar sus labores o llegar a sus puntos de trabajo”, declaró la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero.
PÉRDIDA DEL GRADO DE INVERSIÓN
El hundimiento de la reforma fiscal, que castigaba con más impuestos a la clase media llevó a la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s (S&P) a rebajar la calificación crediticia de Colombia en moneda extranjera de BBB- a BB+ con perspectiva estable, con lo cual el país pierde el grado de inversión que tuvo durante más de una década.
“Creemos que el ajuste fiscal de Colombia va a ser más prolongado y gradual que lo que esperábamos anteriormente, disminuyendo la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas”, manifestó S&P en su análisis.
La pérdida del grado de inversión que tenía el país en S&P supone un duro golpe para el Gobierno de Duque, caracterizado por su apego a la ortodoxia económica y que ahora tendrá más dificultades para conseguir financiación externa para mantener la economía en orden y financiar los programas sociales.
Acorralado por las protestas, que si bien han perdido fuelle en los últimos días parecen estar lejos de terminar, Duque tuvo que reemplazar primero al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señalado como el villano de esta crisis por ser el padre de la fracasada reforma tributaria.
En su lugar asumió el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, a quien le fue asignada la tarea de liderar el proyecto de una nueva reforma tributaria que el país necesita, según los analistas económicos, pero que debe ser fruto del consenso político y social y no de la imposición del Gobierno.
A pesar de todo, Restrepo es optimista y considera que aunque la pérdida del grado de inversión pueda subir los intereses que el país paga en sus emisiones de deuda, “Colombia continuará obteniendo financiación como está demostrado en las colocaciones recientes que hemos tenido en el país y en el exterior”.
Para cubrir el hueco dejado por Restrepo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Duque nombró hoy como titular de esa cartera a la abogada María Ximena Lombana, experta en asuntos comerciales y de política exterior.
El otro cambio en el gabinete de Duque se dio en la Cancillería con la renuncia de Claudia Blum, cuyo lugar será ocupado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien desempeñará ese cargo en simultánea con el de ministra de Relaciones Exteriores.
Fuente: EFE
