Infobae
La ONG de Venezuela Provea informó este jueves que, durante los tres primeros meses de este año, se registraron 472 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La organización, que realizó el monitoreo correspondiente al trimestre junto a la Fundación Centro Gumilla, señaló que enero fue el mes más violento, con 228 ejecuciones, entre las que destacan las 23 registradas en La Vega (Caracas) “en un hecho sin precedentes” protagonizado por comisiones mixtas de cuerpos de seguridad.
Estas muertes se atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
En febrero se computaron 113 casos, mientras que marzo registró un repunte, con 131 ejecuciones extrajudiciales.
Según la fuente, durante el primer trimestre, el cuerpo “más letal” fue el CICPC, seguido de las policías regionales y las FAES, un grupo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó disolver por su implicación en numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, 500 de ellas en el año 2020.
La violencia de los cuerpos policiales fue más letal en las regiones más pobladas del país como el estado Zulia y la región central, donde fueron asesinadas 109 y 107 personas, respectivamente, según la investigación las organizaciones.
La mayoría de las víctimas son hombres con edades entre 18 y 30 años, “otro de los patrones que se mantiene en esta política de seguridad ciudadana del Estado venezolano”.
Para justificar los resultados de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las autoridades policiales informaron que las muertes se habían producido en el contexto de “enfrentamientos con grupos élites policiales”.
“La ausencia de investigación y castigo a los culpables por parte del sistema de justicia venezolano, justifica cada vez más el trabajo que vienen realizando la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional, así como el monitoreo que realiza la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet”, concluyó la ONG.
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