La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha logrado incorporar más de 1,200 pruebas en contra de los seis acusados de recibir y distribuir dinero de los US$92 millones que repartió la empresa Odebrecht con el fin de adquirir contratos de obras públicas en el país.
Se trata de pruebas documentales, algunas con soporte digital, así como pruebas ilustrativas en el mismo formato y un total de 21 testigos que han sido admitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, destaca un comunicado de prensa del órgano acusador.
La fiscal Mirna Ortiz manifestó que “en un proceso penal todas las pruebas se deben analizar en su conjunto”.
La magistrada Ortiz explicó que luego de que concluya la presentación de las pruebas por parte de las defensas, vendrá el momento de los alegatos y las conclusiones.
El Ministerio Público logró incorporar más pruebas en contra del abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, acusado de incurrir en los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.
En torno a una evidencia que no fue incorporada, la magistrada Ortiz atribuyó a un extravío más de los que sucedieron en la Suprema Corte de Justicia y agregó: “Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y, aunque no estemos de acuerdo, seguimos avanzando y acatamos la decisión”.
“El Ministerio Público demostró en el tribunal que la prueba número 16, específica contra Conrado Pittaluga, fue traducida al español y el tribunal, en la decisión del lunes, no tuvo otra opción que corroborar lo que el Ministerio Público había establecido que entregó esa evidencia”, dijo en relación con otra de las decisiones del tribunal.
Las evidencias presentadas por el Ministerio Público comprometen la responsabilidad del representante empresarial Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeño y los exlegisladores, Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón. También de Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y también exdirector de Inapa. Los seis son procesados por violar el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno.
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