Unos 81 funcionarios de la administración gubernamental violan la regulación salarial, en su artículo 5, numeral 6, ya que reciben ingresos superiores a los más altos titulares de los poderes del Estado, es decir, del presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña.
La información fue ofrecida por el sociólogo Cándido Mercedes, al presentar el estudio sobre “Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano” del movimiento cívico Participación Ciudadana.
El estudio revela que el 38.2% de estos funcionarios labora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, mientras el 30.9% en La Procuraduría General de la República y el 13.6% en el Ministerio de Educación.
“En el portal de Transparencia aparecen ganando algunos solo RD$300,000, pero en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), aparecen con RD$600,000”, sostuvo Mercedes.
El movimiento cívico, Participación Ciudadana, presentó este miércoles el estudio sobre “Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano”, el cual se enmarca dentro de las acciones del proyecto Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos.
La actividad tuvo como panelistas al sociólogo Candido Mercedes; Indiana Tamarez, psicóloga organizacional y directora de Agrhupa, así como al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (USAD) el doctor Alexi Martínez Olivo.
Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, explicó en sus palabras de bienvenida que la investigación sobre “Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano” tiene como como objetivo dar a conocer cuáles han sido los avances experimentados en el salario público derivados de la aplicación de la Ley de Función Pública No. 41-08 y de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano y, consecuentemente, de la política salarial que esto implica, con la finalidad de determinar si los salarios de los empleados y funcionarios públicos en República Dominicana cumplen con las normativas aplicables.
“Nuestra organización sigue comprometida a impulsar iniciativas de este tipo, a fin de contribuir al fortalecimiento de la administración pública”, precisó Blanco García.
