Imponen un año de coerción a implicados en muerte de esposos cristianos

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, Sudelgi Rosario Mena, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a los seis policías implicados en la muerte de la pareja de recién casados, Joel Díaz y Elizabeth Muñoz.

De igual forma la magistrada Rosario Mena declaró el caso complejo.

La medida fue impuesta a Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), Norquis Rodríguez Jiménez (cabo), Ángel de Los Santos (cabo), así como contra los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

De acuerdo al Ministerio Público,  los agentes realizaron 32 disparos y en la escena del crimen fueron recolectados casquillos de fusil y metralleta.

En el hecho resultaron herido uno de los acompañantes de la pareja, identificado como Carlos José Pérez Báez, también estaba a bordo del vehículo Claudio Alberto Ramírez Lamais.

Se recuerda que las víctimas se trasladaban hacia Santo Domingo luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, cuando fueron detenidos por los agentes y estos les emprendieron a tiros.

Sobre el hecho el director de la Policía Nacional,  Edward Sánchez, reveló que el robo de una pasola habría desencadenado la muerte de los esposos.

“Se perseguía un vehículo blanco, los datos que inicialmente recolectaron porque habían personas que habían ido a denunciar a la dotación de Bonao que un vehículo blanco con varios elementos le habían despojado de una pasola”, dijo Sánchez.

Al ser entrevistado en el “Informe con Alicia Ortega”, el director del cuerpo del orden manifestó que al momento de la alerta se registraron otras denuncias sobre una banda de asaltantes “quitando pasolas en Bonao”, por lo que justificó que se haya colocado un retén para verificar a quienes transitaban.

Sin embargo, aseguró que el procedimiento que no debió ser fue el uso desproporcional de la fuerza ejercida por los miembros de la institución para matar a la pareja.

“No había una alerta de una perdida de una vida o asaltaron un banco o secuestraron  a una persona por ejemplo, simplemente un retén, verificar”, afirmó.