La Cámara de Cuentas depositó ayer ante el Tribunal Constitucional una acción en conflicto de competencia mediante la cual solicitan que se declare que el Ministerio Público violó su autonomía funcional al exigirle, bajo amenaza de sometimiento judicial, que realizase entre el 6 de octubre y el 12 de febrero “un rimero de auditorías e investigaciones especiales”.
Asimismo, piden que la alta corte declare que es competencia exclusiva de la Cámara de Cuentas “determinar lo relativo a los tiempos, forma y calendarización de los controles externos de las cuentas generales y particulares del Estado”.
La instancia, suscrita por los juristas Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Francisco Franco, consigna que el Ministerio Público invadió la potestad de autogobierno, organización y planificación de las políticas de control externo de la Cámara de Cuentas. Agregan que los arts. 9, 10, 19, 33 y 34 de la Ley núm. 10-04 prevén como competencia exclusiva, discrecional y soberana de dicho órgano determinar las entidades a las que someten a su control, y que esa potestad apenas admite una excepción en el art. 250.5 de la Constitución, que es la realizar investigaciones especiales –no auditorías- a requerimiento de una o ambas cámaras legislativas.
Apuntan que la intromisión del Ministerio Público en su esfera competencial “subió peligrosamente de punto” al requerirle documentos internos, tales como audios de sesiones de pleno, cartas de gerencias emitidas, informes de levantamiento del trabajo de campo de las auditorías realizadas, lo que en opinión de la Cámara de Cuentas perseguía vaciar de contenido su autonomía funcional y desconocer que el art. art. 35 de la Ley núm. 10-04 dispone que las evidencias por ella recopiladas, una vez finalizada la auditoría o investigación especial, deben permanecer en sus archivos a cargo de la unidad responsable de la administración y custodia de los mismos.
Dicen que los despropósitos del Ministerio Público estuvieron en todo momento “imantados por la aguja de su capricho autoritario”, y que para lograr que cuajaran en realidad, construyeron la falsa teoría de que los miembros de la Cámara de Cuentas no cooperaban para sorprender en su buena fe a la jueza María G. Garabito y obtener de ella la orden de allanamiento mediante la cual “coronaron la masacre institucional promovida por el fulgor sedicioso y fanático de la PEPCA”.
