Los tribunales de República Dominicana solo han evacuado 67 condenas por trata de personas desde el 2003 al 2020.
La información fue dada a conocer por el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jonathan Baró Gutiérrez, quien resaltó que del año 2003 al 2012 en el país fueron efectuadas únicamente cuatro condenas por trata de persona.
Baró Gutiérrez dijo que entre 2013 y 2017 fueron emitidas 45 condenas.
Mientras que del 2018 al 2020 únicamente se conocieron 18 condenas, menos de la mitad de lo logrado en el último anterior.
“Este comportamiento estadístico fue atribuido a debilidades institucionales, la falta de recursos, entre otras acciones relacionadas al desarrollo de políticas públicas que permitan hacer frente a dicha realidad”, señaló Baró.
El magistrado ofreció estos datos en el marco del taller “Riesgo Institucional del Crimen Organizado y la Trata de Personas”, el cual impartió en coordinación con el movimiento cívico Participación Ciudadana, la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), la Fundación Sueño Amazona, la Asociación Mutua de Servicios Solidarios (AMUSSOL), en Verón-Punta Cana.
Explicó que se han conocido más de 200 mil casos de víctimas explotadas sexualmente entre 2003 y 2019, pero solo el 1% de estas acuden a realizar denuncias.
Consideró que esto significa una afrenta al engaño, múltiples años sometidas al maltrato de este tipo, y en el peor de los casos una amenaza de muerte.
Otro dato mostrado en la conferencia impartida por el magistrado Baró, es que en el 2020, el país fue colocado en la lista de vigilancia del Nivel 2, por ser una de las naciones que no satisfacen plenamente las normas para la eliminación de la trata de personas, pero que están dando importantes pasos para lograrlo.
De acuerdo con los testimonios presentados, algunas de las personas expuestas a trata y explotación sexual, son iniciadas en las drogas, como un mecanismo que permita a las víctimas soportar las diversas acciones a las que son forzosamente sometidas.
De estos, resalta el procurador: “muchos son menores de edad comercializados a través de sus padres por dinero, mientras que otros, entre 800 mil y 4 millones, son engañados para luego ser convertidos en esclavos sexuales, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
El taller tuvo como objetivo profundizar sobre las conductas asociadas a la trata de personas, la mecánica que utilizan los tratantes y grupos delictivos organizados para la comisión del delito, y cómo utilizan la corrupción para la facilitación del delito y evitar la persecución penal.
En dicha actividad participaron, además miembros de la Policía Nacional; del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani); del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); del Ministerio de Trabajo; la organización Plan International; fiscales y demás entes relacionados a la profesión del Derecho y otras áreas gubernamentales a nivel provincial.
