El gobierno del presidente Luis Abinader Corona arribó a siete meses y lo ha hecho precedido de numerosas polémicas, controversias e irregularidades a las que el programa Nuria Investigación Periodística pasó balance.
Causó asombro la prontitud con la que empezaron a surgir las denuncias de irregularidades en esta nueva gestión. “Cuando hay un cambio de gobierno en República Dominicana, por lo regular, la corrupción comienza en la transición”, valoró el politólogo Belarminio Ramírez.
Y es que en agosto inició el amplio historial dé controversias con las designaciones en el tren gubernamental.
“Se ha hablado mucho de cómo el gobierno del presidente Abinader ha utilizado a muchos familiares. Hay familias que se consideran preponderantes dentro del Estado que dos o tres o cuatro tienen posiciones de principalía en el gobierno”, afirmó el periodista Marino Zapete.
Los Mejía, Los Jorge Mera, Los De La Mota, Los De Camps-Germán, Los Guzmán y Los Cruz son solo algunas de las familias que concentran grandes influencias y poder a través de importantes cargos en el Gobierno.
“La gente que le acompaña es la gente del PRD con las mismas malas costumbres, con la misma visión, con el mismo criterio de que el Estado es un botín”, planteó Marino Zapete.
Asimismo, produjeron ruido las designaciones de Samuel Pereyra Rojas como administrador general del Banco de Reservas; de Carlos Bonilla, como director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI); y de Wellington Arnaud, como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
En el caso de Samuel Pereyra Rojas, se cuestionó su vinculación al caso de los sobornos de 3.5 millones de dólares para la compra de los aviones Super Tucano. Mientras, el actual director del INVI levantó en 2015 un complejo de edificios de 400 apartamentos llamado Nuevas Terrazas, en Santo Domingo Oeste, a través de la constructora de su propiedad CBS, donde los inquilinos se quejan todavía de vicios de construcción, uso de materiales de baja calidad y filtraciones. Y a finales de agosto, la Cámara de Diputados aprobó la modificación del artículo 7 de la Ley del INAPA con el único objetivo de que el abogado Wellington Arnaud pudiera ser su director ejecutivo, debido a que la ordenanza dejaba claramente establecido que el titular debía ser ingeniero civil con especialización en Ingeniería Sanitaria.
Con el nombramiento de Rafael Ernesto Arias Martínez en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el incumbente es juez y parte, pues fue directivo de la empresa de transportistas, Conatra. En resumidas cuentas es un sindicalista reconocido y recomendado por Antonio Marte, quien todavía tiene asuntos pendientes de procesar en la justicia como el Plan de Renove.
Y esto solo sería el anticipo de lo que vendría más adelante. El 26 de septiembre de 2020, con apenas poco más de un mes de gobierno, el primer funcionario destituido por corrupción fue el director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, Miguel Mateo Familia, por vender y pedir beneficios a cambio de designaciones en esa institución.
“El gobierno del presidente Abinader tiene un compromiso porque la sociedad cambió. La sociedad de ahora no es la de hace dos años. La sociedad cambió y la sociedad se empoderó”, expresó Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana.
Otro caso que estuvo en el ojo del huracán a raíz de un trabajo de Nuria Investigación Periodística fue el de Kinsberly Taveras. Esta emprendedora, que se ha beneficiado del Estado dominicano desde antes del presidente Luis Abinader asumir el poder y que tiene un patrimonio de 106 millones de pesos, presentó su renuncia como ministra de la Juventud y es objeto de interrogatorios e investigaciones de las autoridades judiciales, las cuales aún no han concluido.
“Pienso que de alguna manera el presidente ha separado de sus funciones a varias personas. Lo que pasa es que el presidente no ha querido decir que los separa, por esto se busca la manera. El caso de Kimberly no llegó. Además, lo que se le atribuye a ella no tiene que ver con las funciones como ministra de la Juventud, pero el hecho de que el presidente aceptara su renuncia y le dijera bueno, si tú tienes algo que responder ante la justicia, yo no te quiero aquí, porque ella no renunció porque ella quiso”, consideró Zapete.
También generó estupor e indignación la población dominicana el hecho de que, en menos de una semana, dos altos funcionarios fueron acusados de abuso sexual. El presidente Luis Abinader suspendió a Leonardo Faña de la dirección del Instituto Agrario Dominicano (IAD), tras ser denunciado por la exempleada de esa entidad, María Isabel Flores Encarnación.
Faña negó las acusaciones de abuso sexual y acoso laboral de Flores Encarnación, quien desistió de la demanda sin explicar los motivos.
Pero el caso del destituido director regional de Aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, no tuvo igual desenlace. En la actualidad, cumple prisión domiciliaria acusado de violación sexual y amenaza de muerte en perjuicio de una mujer que fue a la institución para recibir un entrenamiento con la intención de obtener un empleo y de acoso sexual contra una empleada como forma de presionarla para mantener su trabajo.
“El hecho de que, por ejemplo, un funcionario que haya abusado de una mujer, que haya tenido un comportamiento impropio, que haya sido traducido a la justicia, que haya sido destituido, yo creo que lejos de ser una mancha para el gobierno, constituye algo que la gente se lo reconoce, porque nosotros sabemos que el acoso, las violaciones contra las mujeres, aquí eso no es nuevo”, señaló Zapete.
Otro funcionario que cayó en un revés fue el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, con el regalo per cápita más elevado de la historia dominicana: 103 millones 217 mil pesos entregados a unos 70 artistas.
“El hecho de que Luis Abinader no cancelara a Tony Peña Guaba, el hecho de que Tony Peña Guara no renunciara ante el escándalo, el hecho de que el director de Compras y Contrataciones se pusiera mudo en el caso de ahí en adelante, manda la señal de que Tony Peña Guaba actuó con autorización del presidente”, indicó Belarminio Ramírez.
Con relación a la destitución de Plutarco Arias como ministro de Salud Pública y la denunció que hizo sobre que fue objeto de chantajes de parte de sectores interesados en repartirse el presupuesto del sector, el politólogo dijo que “este gobierno está en el deber, en la obligación de dar respuesta”.
“Ahora lo que pensamos es que el Gobierno le vendió ese Ministerio a un sector en la campaña electoral. Y si el Gobierno vendió ese Ministerio a un sector que financió la campaña, entonces no importa que ministro sea va a buscar su parte. Y también inclusive llama la atención de que el anterior ministro y el actual, ambos son de Santiago”, ponderó Ramírez sobre el nombramiento de Daniel Rivera como nuevo titular de la institución.
Adicionalmente, en estos siete meses de gestión, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha detenido procesos por casi mil millones de pesos en diferentes instituciones.
Nuria Investigación Periodística destacó los casos del Institutito Nacional de la Vivienda (INVI) y del Plan Social de la Presidencia.
En el INVI, fue suspendido el procedimiento de urgencia para la remodelación de 30 mil casas por vulnerar los principios que rigen el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. Días después, la institución informó que culminó de manera exitosa la revisión del Pliego de Condiciones y se realizó una segunda enmienda con la que el proceso fue reanudado de manera correcta.
En el Plan Social, tuvieron la intención de realizar una compra por RD$ 295 millones de pesos para la adquisición de alimentos, con un plazo de un día para otro (36 horas).
Tras denuncias en las redes sociales, la institución pospuso el proceso que había sido declarado de urgencia y explicaron que cumplía con previa revisión y aprobación de la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Contrataciones Públicas.
“Para el presidente va a ser muy difícil poder cumplirle a este país lo que él le prometió en materia de manejo transparente y pulcro de los recursos públicos en sí mismo”, advirtió la coordinadora general de Participación Ciudadana.
Mientras, Belarminio Ramírez recordó que el gobierno de Hipólito Mejía “terminó en una podredumbre de corrupción los últimos dos años. Yo pienso que, independientemente del buen deseo de Luis Abinader, él no podrá marcar una diferencia”.
Tal vez no habría que ser tan pesimistas ante los hechos presentados ya que en compensación hay cientos de acciones positivas que ayudan a agilizar y modernizar el país, que pueden realmente demostrar que vamos por buen camino aun cuando haya algunos tropiezos en el mismo.
