Redacción N Digital
El doctor en medicina y empresario turístico, Asmín Aquino, pidió a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Procuraduría General de la República (PGR) y al Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), actuar en conjunto contra los invasores de tierras en la provincia de Monte Plata.
Aquino precisó que las constantes invasiones de terrenos por parte de una red que se dedica a esas acciones ilegales, ponen en peligro la seguridad jurídica de los inversionistas y detiene el desarrollo de la citada provincia en sentido general.
El excandidato a senador de Monte Plata señaló que en los últimos meses la red de invasores a tomado decenas de terrenos para negociarlo de manera ilegal, al poner como ejemplo la situación en el distrito municipal de Gonzalo de Sabana Grande de Boyá, donde las tierras del profesor Onercido Cornelio fueron invadidas por más de una decenas de malhechores.
Explicó que las tierras del citado profesor fueron saqueadas y destruyendo la siembra de los productos cosechados, incluso materiales de construcción como maderas alambres de púas fueron robados por los invasores.
“Nadie que haya comprado de manera legal al Consejo Estatal de la Azúcar puede perder sus inversiones porque una red de asociación de malhechores quiera apropiarse de los bienes de otras personas que han cumplido con el Estado dominicano”, aseveró el médico cirujano y empresario turístico.
En ese orden, el doctor Asmín Aquino exhortó al CEA, a la SCJ, y a la PGR, garantizar la seguridad jurídica de las inversiones que han realizado decenas de personas, a fin de poner fin a las invasiones de terrenos en la provincia de Monte Plata.
Aquino criticó el tiempo que duran los jueces para otorgar al Ministerio Público la orden de apresamiento contra los integrantes de la red de invasores de tierras, a pesar de presentar todos los documentos que avalan la acción.
Finalmente, el doctor Asmín Aquino instó a las autoridades velar por el bienestar de las personas que con muchos sacrificios han obtenido terrenos de manera legal y cumpliendo con el debido proceso ante las instituciones correspondientes del Estado dominicano.
