El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció este lunes que la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país sudamericano comenzará el próximo 1 de marzo.
Su administración espera que pocos días antes -entre la noche del 25 de febrero y la madrugada del 26- lleguen 192.000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, mientras que el 8 de marzo esperan el arribo de 460.000 dosis de los inoculantes de Pfizer.
En una conferencia de prensa desde la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou detalló que esta última será destinada al personal de salud, mientras que la otra se utilizará, en la primera etapa de la campaña, en personal educativo, de seguridad y bomberos en actividad y trabajadores del Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU). Todos los receptores serán menores de 60 años.
Una decisión de la misma naturaleza con respecto a fue tomada en Chile, cuyas autoridades citaron falta de evidencia sobre su efectividad en mayores de ese grupo etario. Previo a ellos se vacunará el personal que administrará los inoculantes. Ese proceso se llevará a cabo entre el 27 y 28 de febrero.
La vacuna de Pfizer, en tanto, será utilizada para inocular al personal sanitario. El mandatario indicó que ello responde a “razones técnicas”. Es decir, una mayor efectividad (la de Pfizer tiene un 95 por ciento contra el 50,3 de Sinovac). “Por la tarea del personal de la salud de estar en primera línea se decidió vacunar con las dosis de Pfizer a todos los profesionales”. Y dijo que para finales del tercer mes del año el país contará con dos millones de dosis. El resto de las esperadas también son alrededor de 1,5 millones de Sinovac, que están agendadas para el 15 de marzo.
En otro orden, Lacalle Pou indicó que “aquellos que hayan tenido la enfermedad y tengan un test de anticuerpos podrán entrar a Uruguay sin hacer cuarentena”. A nivel general, el 19 de febrero el país prorrogó el la limitación del derecho de reunión por 30 días.
La normativa aprobada en el Parlamento, que ya establecía la posible prórroga de un mes y por ello no precisa un nuevo trámite legislativo, limita el derecho de reunión, reflejado en el artículo 38 de la Constitución cuando haya “aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario”.
La nueva disposición del Ejecutivo estableció en sus consideraciones que “si bien no se han alcanzado las cifras proyectadas por los científicos expertos y que motivaron la adopción de las referidas medidas restrictivas, se verifica que aún no se ha logrado disminuir ni mantener el índice de positividad” en el país.
Poco antes del anuncio del presidente, la entidad sanitaria del país reportó 500 nuevos casos positivos de la enfermedad, más de la mitad de ellos en Montevideo. Desde el comienzo de la pandemia, el país sudamericano ha registrado 53.310 contagios de COVID-19. 583 de ellos resultaron en fallecimientos, 9 de ellos durante las últimas 24 horas.
