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Las mujeres peruanas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) serán indemnizadas por el Estado después de que hayan sido incluidas dentro del plan de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).
Más de 20 años después de ocurridos los hechos, el Estado peruano ha reconocido el derecho a una indemnización para aquellas mujeres que fueron sometidas sin su consentimiento a una ligadura de trompas en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Esto fue posible gracias a la modificación de la ley del plan integral de reparaciones promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
“Con alegría comparto esta buena noticia”, anunció Pariona tras la promulgación del nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las fuerzas armadas con los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En esa nueva redacción se especifica que también son beneficiarias de las indemnizaciones estatales las víctimas de “cualquier tipo de violencia sexual”, lo que incluye las esterilizaciones forzadas que atentan directamente contra los derechos reproductivos.
“Es un hito que representa un gran avance. Por fin se inicia el anhelado camino en la búsqueda de reparación para compensar esta deuda económica, social y política irreparable”, aseguró a la Agencia Efe la antropóloga Alejandra Ballón, coordinadora y editora del libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada”.
Para Ballón, “las esterilizaciones forzadas en Perú son el crimen de guerra más grave que el Estado peruano cometió contra las mujeres indígenas, nativas, y migrantes internas descendientes de pueblos originarios en el marco del conflicto armado interno”.
Después de más de dos décadas continúa siendo una incógnita la cifra exacta de personas, en su mayoría mujeres pero también una minoría de hombres, que fueron esterilizadas sin su consentimiento.
Según los datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado entre 1996 y 2000, se esterilizaron más de 270.000 mujeres, en su mayoría andinas, quechuahablantes y pobres.
Se estima que solo un 35 % de ellas se sometió al procedimiento de manera legítimamente informada y consentida, según precisó Ballón.
De ellas, algo más de 8.000, entre mujeres y hombres, están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa y el proceso penal contra Fujimori, que ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, y sus exministros de Salud que llevaron a cabo el programa de esterilizaciones aún no ha llegado a juicio.
Precisamente, para el 1 de marzo próximo está programada nuevamente la audiencia donde la Fiscalía deberá presentar su acusación final contra los imputados, después de más de 16 años de una enrevesada investigación donde el caso fue archivado y reabierto varias veces.
Entre las secuelas que dejaron las esterilizaciones forzadas no solo están las psicológicas en forma de abandono familiar por parte del marido al enterarse que ya no podía tener más hijos, sino también las físicas, con dolores e incluso problemas causados por la cirugía que derivaron en muerte.
Se desconoce cuántas murieron por las esterilizaciones forzadas. “Por eso es importante que se abra el juicio. Con las evidencias recopiladas por la prensa, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) la Defensoría del Pueblo, se podrá tener una idea más precisa”, dijo Ballón.
“Al parecer fueron muchas muertes, solo que no se contó con la autopsia necesaria. Estamos hablando de pobladoras de escasos recursos, muchas de ellas en extrema pobreza. Una de las afectadas en Sión (San Martín) me contó que los cuerpos de las mujeres que morían luego de la operación las arrojaban al río”, concluyó.
La investigadora destacó que, si bien se desconoce la cantidad económica que recibirán las víctimas de las esterilizaciones o sus familias, “es sin duda simbólicamente muy significativo porque por fin hoy el Estado peruano considera que esta fue una violencia sexual cometida como parte del conflicto armado interno”.
