La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó a las autoridades a aplicar consecuencias a los responsables de los actos de vandalismo ocurridos ayer frente al Congreso Nacional, los cuales “degradan la calidad de la democracia y ponen en serio cuestionamiento nuestro ordenamiento jurídico y voluntad de las instituciones de enfrentar delitos flagrantes y reiterados”.
“Alertamos a la sociedad dominicana ante los peligros que se avizoran y exhortamos a que en una sola voz debemos exigir que las autoridades actúen para aplicar consecuencias por sus actos a quienes atentan contra nuestras instituciones y clima de convivencia democrática”, expresó la organización a través de un comunicado.
En ese contexto, la institución recordó que los mismos acontecimientos ocurrieron el pasado 28 de octubre de 2020, cuando un grupo de personas fue convocado frente al Congreso Nacional y procedió a ejercer violencia contra legisladores y miembros de la Policía Nacional.
La organización deploró que, cien días después de esos hechos, la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados no ha rendido un informe al Pleno de ese hemiciclo sobre lo ocurrido y no han tomado acciones para procesar a los responsables de las amenazas, los destrozos y delitos cometidos en esa ocasión.
“En esa ocasión, Finjus condenó los hechos y solicitó al Congreso Nacional, el Ministerio Público y la Policía Nacional que investigaran los hechos ocurridos, en el campo de sus competencias y que tomaran las medidas para que estos gravísimos incidentes no ocurrieran en el futuro”, precisó.
Lamentó la percepción ciudadana de que los participantes en esos incidentes gozan de un status de impunidad que les garantiza actuar con absoluta libertad para poner en peligro la integridad de legisladores, policías, ciudadanos y causar daños a propiedades públicas.
“La violencia, las amenazas y la coacción no pueden ser toleradas en una democracia que respeta la libertad de expresión, la libre organización y el derecho a la protesta”, ponderó.
Finjus valoró que los hechos ocurridos ayer desafían el orden constitucional y el Estado de derecho en nuestro país.