Madrid, (EFE).- El rey emérito Juan Carlos I de España quiere regularizar fiscalmente más de 500.000 euros (unos 600.000 dólares al cambio) procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres años, entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado, según publica este lunes el periódico El País.
Según este diario, el equipo jurídico del monarca emérito se reunió con responsables de la Hacienda española para presentarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos, procedentes de su amigo el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
La información precisa que, en al menos dos de los tres ejercicios, la suma gastada sin ser declarada a Hacienda supondría un delito fiscal, pues rebasaría los 120.000 euros.
La regularización no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso, por parte del rey emérito y algunos familiares suyos, de tarjetas bancarias con fondos opacos, lo que es investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo español.
Juan Carlos I nuevamente investigado por un supuesto blanqueo de capitales
La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.
El rey emérito salió de España el pasado mes de agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi.
Juan Carlos I, de 82 años, comunicó a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de vivir fuera de España ante las informaciones publicadas en las semanas anteriores sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza, que amenazaban con deteriorar la imagen de la monarquía en el país.
En concreto, el rey emérito justificó su decisión por la repercusión pública de “ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada y para facilitar a su hijo la tranquilidad y el sosiego que requiere el ejercicio de sus funciones.
Al mismo tiempo, su abogado aseguró que el anterior jefe del Estado español permanecía a disposición de la Justicia por si fuese requerido por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que examina si el rey emérito ha podido incurrir en alguna causa penal desde que dejó el trono, en 2014.
Está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella.
