En los primeros 100 días al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la gestión que encabeza Carlos Pimentel resolvió150 casos sobre denuncias y reclamaciones pendientes de decisión y se inhabilitaron los Registros de Proveedores del Estado (RPE) de 149 ministros, alcaldes, regidores y jueces, en cumplimiento a su rol de regularización y supervisión del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Asimismo, el órgano rector emitió una serie de políticas y normas entre las que figuran circulares y resoluciones que, entre otros aspectos, enfatizan el cumplimiento de preceptos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, como el que prohíbe la delegación de la gestión de las contrataciones públicas; el régimen de incompatibilidades que imposibilita a los servidores públicos contratar con el Estado; las situaciones en las que aplican las contrataciones de urgencia; así como las pautas generales para la elaboración de pliegos de condiciones, fichas técnicas y términos de referencia en los procedimientos de contratación pública.
En este periodo, la DGCP también fortaleció la Dirección de Monitoreo y Análisis de Datos, que logró monitorear un total de 402 procesos de compras por un monto de RD$31,380,421,820.68 y creó varios módulos para la consulta de contratos, proveedores, mipymes y para la verificación de la composición accionaria de las empresas proveedoras del Estado, sus relaciones y vinculaciones con otras empresas.
Durante un acto para presentar los avances alcanzados al ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, Pimentel destacó que estos mecanismos de alertas tempranas contribuyen a detectar las posibles irregularidades que pudieran surgir en las distintas fases de los procesos de compras, y con ello, contribuir a que las instituciones subsanen oportunamente cualquier anomalía.
“Nuestra aspiración es superar la percepción que ha imperado tradicionalmente en el país de que las compras constituyen una vía para el enriquecimiento ilícito, por lo que cada paso que hemos dado en estos 100 días ha sido para fortalecer nuestro Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) y hacerlo más transparente, eficiente y sostenible, a fin de que ese 32% que el Estado destina a las compras públicas se convierta en una herramienta para el desarrollo y la dinamización de la economía local”, manifestó el director de la DGCP.
De igual modo, destacó la creación de una unidad de investigación especial que se encarga de analizar aquellos casos de ámbito administrativo que pudieran tener implicaciones legales para su posterior apoderamiento al Ministerio Público.
Dicha unidad tuvo a su cargo la instrumentación de seis expedientes relacionados con las compras de hormigón asfáltico caliente durante la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas; irregularidades en procesos de compras del Plan Social de la Presidencia y el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi); documentación relativa a la licitación realizada por la Alcaldía Municipal de Boca Chica, relacionada a la investigación de la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, y otro relacionado con la ejecución del contrato OB-OISOE-MP-040-/2013, suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) y el Consorcio Consmara-Seminsa, para la remodelación y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.
En los primeros 100 días de gestión también se inhabilitaron 21 proveedores por incumplimientos contractuales y/o faltas sancionadas en la Ley 340-06 y se anularon 11 procedimientos por irregularidades graves que afectaban la eficiencia del gasto público, por aproximadamente RD$727 millones.
Otra de las acciones realizadas en aras de fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción, la DGCP, con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana, firmó un memorándum de entendimiento con la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en presencia del presidente de la República, Luis Abinader, que establece un marco general de cooperación para luchar de manera integral contra la corrupción y otros delitos conexos.
Compras inclusivas y sostenibles
Alineado a su propósito de impulsar compras públicas inclusivas y sostenibles, con una perspectiva de desarrollo, la Dirección General también visitó 23 puntos del territorio nacional, en coordinación con la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y sectores productivos y de la sociedad civil, que apuntan a mejorar las compras de los ayuntamientos y la gestión de sus procesos a través del Portal Transaccional.
Asimismo, se estableció una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para analizar la política de simplificación de las compras al sector agropecuario, aspectos de pago oportuno y oportunidades de negocios para pequeños agricultores.
En ese sentido, está en proceso de elaboración un memorándum de entendimiento con la FAO para la implementación de proyectos pilotos, iniciando con la articulación de las compras públicas a cinco casas sombras, con asistencia de Progresando con Solidaridad (Prosoli).
Portal transaccional
Como parte del proceso de desmonte de sistemas alternos como el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Compras Dominicanas, solo quedan pendientes de migrar al Portal Transaccional la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) y Astilleros Navales. En esta gestión, órganos estratégicos como la Junta Central Electoral (JCE) y la Superintendencia de Bancos comenzaron a gestionar sus procesos de compras a través de este sistema.
La institución también firmó un acuerdo de interoperabilidad entre la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), a través del cual ambas instituciones integraron sus bases de datos de proveedores del Estado del Portal Transaccional y el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).
Paralelamente, la institución ha establecido sendas mesas de trabajo para abordar el proyecto de modificación de la Ley 340-06 y junto a la Contraloría General de la República busca establecer un mecanismo estandarizado para la revisión de los expedientes vinculados a la contratación que busca agilizar los tiempos de pago a los proveedores.
