El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo cinco expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública celebrada de manera virtual este jueves encabezada por el presidente de esta alta corte, magistrado Milton Ray Guevara.
Esta audiencia contó también con la participación de los jueces constitucionales Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto del presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, Wilson Gómez Ramírez y el secretario Julio José Rojas Báez.
El Pleno de este órgano jurisdiccional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0026, que tiene como accionante a la Fundación Transparencia y Democracia, Inc., contra la resolución 42-2020, sobre posposición a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria de las elecciones ordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana, emitida por la Junta Central Electoral el 13 abril del año 2020.
También quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0043, en el que la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE) objetó los artículos 142, parte in fine, y 143, parte in fine, de la Ley 65-00 y sus modificaciones, sobre Derecho de Autor.
De la misma forma quedó el expediente TC-01-2020-0045, en el que Genaro A. Silvestre Scroggins atacó los artículos 4, 5, 7, ordinales 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 11; 10.7, 13.6, 13.9, 15, 16.4, 17, 18 y 21 de la Ley 396-19, de fecha 1 de octubre de 2019, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias.
Asimismo, los jueces dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0047, en el que Héctor Peguero González, Pedro Arismendy Martínez González y Ana Brito Gil objetaron el artículo 1 de la Ley 1494, que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 2 de agosto de 1947; y el artículo 3 de la Ley 13-07, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, de fecha 5 de febrero de 2007.
Finalmente, fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0048, que tuvo como accionante a la Asociación Nacional de Alguaciles Unidos INC. (ANAU) y Edwin Isaías Grandel Capellán, contra los artículos 5, 8, 15, 17, 18, 21 y 22 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo medidas conservatorias y ejecutorias, del 12 de septiembre de 2019.
Al final de la audiencia pública virtual, el magistrado Ray Guevara expresó en nombre del Pleno del Tribunal Constitucional y de todos los servidores constitucionales el deseo de pronta recuperación de la salud de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; y de la procuradora adjunta, Roxanna Reyes.
