(EFE).- El Estado chileno ha vulnerado de forma grave y sistemática los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) desde el estallido social iniciado en octubre de 2019, advierte el Informe Anual 2020 de la Defensoría de la Niñez de Chile, publicado este viernes.
En la actualidad, reza el informe, “Chile es un país en el que se han violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de NNA, de conformidad con lo señalado por distintos organismos internacionales”.
Lesiones físicas por golpes, balines, perdigones, gas pimienta o lacrimógeno, además de traumas oculares son parte de las 818 denuncias por este tipo de hechos registradas por la Defensoría desde que comenzó el estallido social, el 18 de octubre de 2019, y hasta junio de este año.
Entre ellas, 71 denuncias reportan casos de violencia sexual, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Un 92 % de los casos imputa la agresión a un funcionario de Carabineros de Chile, institución que se encuentra hace meses en el punto de mira por la brutalidad con que disuaden las manifestaciones sociales.
El documento, que cuenta con el testimonio de adolescentes que sufrieron vulneraciones durante la ola de protestas, fue definido por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, como “un necesario ejercicio de memoria reciente” que se realiza “a partir de las propias voces de los afectados”.
Los NNA, comentó Muñoz, “dan cuenta de las secuelas físicas y psicológicas que permanecen a varios meses de ocurridos los acontecimientos”, donde en casi la totalidad de ellos “siguen pendientes el reconocimiento, la verdad y la justicia”.
Muñoz emplazó al recién asumido ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para que “oiga con mucha atención los testimonios que generosamente han confiado en nuestra institución y nos han entregado sus vivencias”.
También el informe abordó el contexto de desigualdad en el que los NNA deben ejercer sus derechos, pasando por educación, protección del Estado, participación política y el derecho al juego en contexto de crisis social y sanitaria.
Se evidenció una “deuda histórica” en el reconocimiento del derecho de participación de NNA en las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, proyectando en el actual proceso constituyente una oportunidad para saldarla incluyéndolos en la redacción de la nueva Carta Fundamental chilena.
Objeto de crítica fue el polémico Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo fuertemente cuestionado hace años por las comprobadas vulneraciones, maltratos, violaciones y muertes ocurridas en sus centros de acogida.
Entre 2005 y 2016 se reportaron 1.313 fallecimientos de jóvenes internados en centros del Sename.
No es la primera vez que un organismo autónomo acusa al Estado chileno de perpetrar violaciones a los derechos humanos.
Lo hicieron en su momento organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional, al denunciar que tras el estallido social de octubre de 2019 la Policía uniformada ha hecho un uso excesivo de la fuerza y cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Además, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos, pero sólo 75 agentes han sido imputados.
