Infobae. Perú.- Un grupo de ex cancilleres peruanos envió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para pedirle que envíe “lo más pronto posible” una misión ante “la grave situación política e institucional que vive el país y que afecta su institucionalidad democrática”.
“Las características y modalidades del cambio de gobierno que se ha producido en el país son contestadas por un sector mayoritario de la población, que cuestiona su legitimidad”, remarcaron los ex ministros en referencia a la crisis que afronta Perú tras la destitución de Martín Vizcarra por el Congreso y la toma de mando por el presidente del Legislativo, Manuel Merino.
La carta fue firmada por los ex ministros de Exteriores Allan Wagner, Manuel Rodríguez, Diego García Sayán, Eduardo Ferrero, Rafael Roncagliolo, Oscar Maurtua y Eda Rivas.
Rechazo a la represión
En su misiva, los ex cancilleres manifestaron su preocupación por la fuerte represión de la policía contra las masivas manifestaciones que se han presentado durante esta semana contra el gobierno transitorio que preside Merino.
Remarcaron que “es indispensable que la acción estatal y de las fuerzas del orden se enmarquen estrictamente en las leyes internas y en los instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico internacional y del orden jurídico interno”.
Tras mencionar entre estos al Pacto de Derechos y Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos, pidieron “que se respeten plenamente los derechos humanos y políticos de la población y no se vulnere la seguridad jurídica”.
Misión urgente
Los ex ministros agradecieron a Almagro por haber confirmado que la OEA enviará una misión electoral para supervisar que las elecciones que se celebrarán en abril de 2021 “sean plenamente democráticas y justas”.
Sin embargo, solicitaron al secretario general que esta sea enviada “lo más pronto posible, dada la existencia de situaciones que pueden afectar gravemente las condiciones de vida democrática” en su país.
Consideraron, en ese sentido, que el mandato de la misión debe hacerse conforme a las normas de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos.
De esa manera, agregaron, “debe incluir la observancia de la evolución de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el país; el respeto al principio de legalidad, las condiciones de vida democrática que garanticen un proceso electoral democrático y justo”.
Protestas de exministros
Además de la carta enviada a Almagro, otro grupo de 42 ex ministros peruanos emitió este viernes un pronunciamiento sobre la crisis política en su país, en el que calificaron de “arbitraria” la decisión que tomó el Congreso contra Vizcarra y de “ilegal” la represión a las manifestaciones.
“A la grave situación política de un gobierno ilegítimo, se agrega el cuestionable e ilegal proceder de la Policía Nacional reprimiendo manifestaciones de miles de jóvenes en todo el país por ejercer su derecho a la libertad”, enfatizaron.
El pronunciamiento fue encabezado por los ex primeros ministros Pedro Cateriano, Salomón Lerner, Salvador del Solar, Juan Jiménez, Ana Jara y Rafael Roncagliolo.
Ataques contra la prensa
Estos pronunciamientos se conocieron el mismo día en que organizaciones de prensa nacionales e internacionales denunciaron agresiones de la policía contra periodistas y manifestantes civiles durante las manifestaciones en el país.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió las agresiones contra al menos 16 periodistas y fotógrafos por parte de la policía, mientras que el Consejo de la Prensa Peruana repudió “enérgicamente las agresiones violentas” contra periodistas y también condenó “la represión a ciudadanos que ejercían su derecho a protestar pacíficamente”.
A pesar de las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía, que fueron difundidas en fotos y videos por medios y redes sociales, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, aseguró que las fuerzas de seguridad actúan en “respeto irrestricto a los derechos humanos y el derecho a la protesta”.
