En noviembre de 2019 la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia revivió el proceso por el delito de tráfico de influencias contra Bernardo Moreno, el entonces secretario general de la Presidencia de la República en el segundo Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, la defensa del exfuncionario, que ya había sido condenado por el caso de las chuzadas, argumentó que los hechos que se venían investigando por la “Yidispolítica” ya habían prescrito. Este viernes, El Espectador pudo constatar que el alto tribunal negó la solicitud y dejó en firme el juicio al que tendrá que ir Moreno.
Según la Corte, el exsecretario de la Presidencia, presuntamente le entregó dádivas a la entonces representante a la Cámara Yidis Medina, para que apoyara el proyecto que buscaba crear la reelección presidencial inmediata en Colombia.
Al parecer, Moreno le habría otorgado a varias personas cercanas a la congresista puestos dentro de diferentes entidades pública. Para lograrlo, habría presionado a las cabezas de varias entidades para asegurar los cargos.
En la investigación contra Moreno también se realizaron pesquisas contra el exministro de Salud y Protección Social Diego Palacios y el exsecretario de Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri.
La Corte señaló que si bien Moreno se posesionó después de los hechos ocurridos entre el primero y el tres de junio de 2004, desplegó sus influencias estando en el cargo para continuar con los “compromisos burocráticos” ofrecidos a Yidis Medina.
Según El Espectador, la defensa del implicado reclamaba, por ejemplo, que no lo estuvieran procesando por el mismo delito que a los exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt, quienes sobornaron a Medina.
La Corte respondió entonces que, “al acusado no se le atribuyó participación alguna, porque material y cronológicamente no la tuvo, en la compra y venta de la función pública que concernía a Yidis Medina, sino la consumación de algunos de los compromisos adquiridos por quienes intervinieron en aquellas, luego su actuación connota, más allá de haber negociado la función pública, un tráfico de influencias”.
El exasesor de Álvaro Uribe fue condenado en 2014 a 8 años de prisión por su responsabilidad en los seguimientos e interpretaciones ilegales contra opositores del Gobierno del entonces presidente.
En el fallo de la Corte Suprema se manifestó que, el entonces alto funcionario de la Presidencia ordenó la recolección de información privilegiada de un grupo de personas. Igualmente, recibió los informes por parte de la entonces directora del DAS María del Pilar Hurtado -condenada a 14 años de prisión- y se los comunicó directamente al presidente de la República y otros altos funcionarios.
Asimismo, fue destituido e inhabilitado por 18 años por la Procuraduría. En julio del 2004, Moreno fue elegido Secretario General de la Presidencia de Uribe, su primer cargo en la política que terminó de la peor manera, condenado por la justicia colombiana.
Fuente: Infobae
