Managua, EFE.- La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó este martes la creación de una comisión especial que analizará una iniciativa de Ley que busca instaurar la prisión perpetua para crímenes de odio.
La comisión especial de carácter constitucional, integrada en su mayoría por sandinistas, estará a cargo de estudiar, consultar y dictaminar un proyecto que propone una reforma parcial al artículo 37 de la Constitución Política que fija en 30 años la pena máxima en Nicaragua, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuenta con el respaldo de tres millones de firmas no auditadas y tendrá que ser aprobada en dos legislaturas, según los legisladores.
PARA DELITOS CON ODIO Y CRUELES
La pena de prisión perpetua en Nicaragua será aplicada para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional, según el proyecto.
La enmienda mantiene que “no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años”, sin embargo agrega excepciones para los casos de delitos graves, si en los mismos concurren circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas.
La ley de la materia, es decir el Código Penal, que también tiene que ser reformado, determinará y regulará su aplicación.
Los sandinistas justifican la instauración de la prisión perpetua a que “en estos momentos la nación se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio”, los cuales, aseguran, “han causado grandes impactos, conmoción, rechazo, indignación y hastío entre los nicaragüenses que claman por la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes, ya que son fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura”.
“Por ello, merece especial atención y consideración instaurar una política criminal rigurosa para ciertos hechos delictivos de gravedad excepcionales, que se requiere de intensificación de la pena, como respuesta inmediata por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar los crímenes crueles, degradantes e inhumanos y de odio”, señalan en su exposición de motivos.
Asimismo, consideran que “algunas veces la pena no corresponde con la caracterización de” esos crímenes, “acaecidos últimamente, sin el menoscabo de las víctimas, que en su mayoría pertenecen a los grupos de personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad”.
OPOSICIÓN: LEY “REPRESIVA”
El Gobierno, a través de su vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció el mes pasado que orientaron “penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponden a la cultura nicaragüense”.
Grupos opositores han dicho que esa propuesta de cadena perpetua, más la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros, son la “nueva modalidad de represión” estatal en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018.
Según la oposición, el Ejecutivo está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas de cara a las elecciones generales previstas para noviembre del próximo año.
