(EFE).- La prensa colombiana ha tenido que enfrentar en los últimos meses los efectos económicos de la pandemia del coronavirus así como las agresiones físicas y las amenazas, denunció este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En el informe sobre el país presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que comenzó este miércoles en Miami, este organismo señala que “los medios no han sido inmunes a las consecuencias negativas de las medidas que el Gobierno tomó para enfrentar la pandemia”.
“El freno abrupto de la economía produjo un desplome en los ingresos por publicidad. La disparada del precio del dólar ha encarecido insumos como el papel. Todos los medios han sentido el rigor de la crisis en particular en ciudades pequeñas e intermedias” lo que hace que se corra el riesgo de “que crezcan los llamados desiertos informativos”.
Para contrarrestar esta situación, la Asociación de Medios de Información (AMI) promueve la adopción de una política pública que evite la desaparición masiva de medios, iniciativa que ha tenido acogida en el Ejecutivo y Legislativo, señaló la SIP.
El organismo destacó además el pacto firmado el pasado 1 de octubre con la Procuraduría General (Ministerio Público), la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Departamentos, para el fortalecimiento de los medios.
AGRESIONES A PERIODISTAS
Pero la pandemia no es la única circunstancia adversa a la que tienen que hacer frente los medios en Colombia, pues el informe recoge que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 33 violaciones a la libertad de prensa durante las protestas de septiembre pasado contra la violencia policial en Bogotá.
“Los ataques más frecuentes han sido 16 agresiones físicas, cinco obstrucciones, cuatro detenciones ilegales y tres amenazas. Se registraron 25 casos de agresiones con balas de goma y bombas aturdidoras causadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, señaló el informe.
La SIP agregó que tras las detenciones se denunció que policías “intimidaban a los comunicadores y les exigían borrar archivos de las memorias de sus dispositivos. Se registró un caso de violencia sexual contra una fotógrafa”.
Un caso más grave registrado en el informe fue la muerte a balazos, el pasado 13 de agosto, del comunicador indígena Abelardo Liz durante una operación del Ejército para desalojar a comunidades indígenas en Corinto, en el departamento del Cauca (suroeste).
LA JUSTICIA NO LLEGA
La prensa también ha tenido que hacer frente a decisiones judiciales adversas como la de un juzgado penal de Tumaco (suroeste) que en agosto concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias “Cherry”, implicado en el secuestro y asesinato en 2018 de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.
La SIP también recopila otras acciones contra la libertad de prensa como la investigación de la revista Semana titulada “Carpetas secretas” que reveló seguimientos del Ejército a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales y corresponsales extranjeros, entre otros.
Una denuncia similar se hizo de la Alcaldía de Medellín por presuntos seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group.
El informe incluye además amenazas a los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados, supuestamente por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que los declaró “objetivo militar” en el norte de Colombia y los conminó a irse del país con sus familias.
Amenazas recibieron también los periodistas Dubán García, Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa, pero en un panfleto firmado por disidencias de las FARC en el sur del país.
Como hecho positivo destacó un fallo judicial que señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa, “en una decisión histórica y después de ocho años, tras la demanda de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y su familia, debido al secuestro, las amenazas y la tortura psicológica que sufrieron en 1999” cuando investigaba el asesinato del periodista de Jaime Garzón.
En otros casos ha reinado la impunidad, ya que el informe incluye cuatro casos de asesinatos de periodistas perpetrados en el 2000 que prescribieron en este semestre al cumplir los 20 años.
Son ellos los de María Elena Salinas, Jhon Jairo Restrepo, Carlos José Restrepo Rocha y Juan Camilo Restrepo Guerra, y añade tres más que prescribirán antes de finalizar este año. Se trata de los homicidios de Alfredo Abad López, Guillermo León Agudelo y Gustavo Ruiz Cantillo, según la SIP.
