El reconocimiento de los comicios legislativos del 6 de diciembre en Venezuela pasa a examen esta semana durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que analiza un proyecto de resolución apoyada por Estados Unidos que plantea “la falta de condiciones democráticas mínimas para garantizar unas elecciones”.
La OEA inició este martes una Asamblea General de dos días en la que está sobre la mesa el borrador de una resolución presentada por Colombia titulada “La falta de condiciones democráticas mínimas para garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes” en Venezuela.
El texto también fue apoyado por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela -cuyo delegado representa al Parlamento de mayoría opositora y no al gobierno de Nicolás Maduro.
El borrador señala que el reconocimiento de las legislativas “va a depender de que existan las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia” y de que hayan garantías para la participación de “todos los actores” y la liberación de presos políticos.
“Estados Unidos espera que este ente apruebe una contundente resolución para condenar al régimen de Maduro”, dijo en su turno de palabra el secretario de Estado, Mike Pompeo.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos agregó que espera que los países miembros “no reconozcan las elecciones ilegítimas en Venezuela, pasadas o futuras”.
“No puede haber elecciones libres y justas en Venezuela si el régimen ataca sistemáticamente a ciudadanos e instituciones democráticas”, dijo este martes en Twitter el subsecretario de Estado interino para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak.
Para aprobar la resolución, el grupo de países necesita sumar cinco votos para llegar a las 18 voces necesarias en la OEA, que está compuesta de 34 países en activo, ya que Cuba integra el bloque pero no participa.
Las votaciones para renovar el único poder en manos de la oposición son boicoteadas por una treintena de partidos que consideran que serán un “fraude”, después de que nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral fueran nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista.
Los países firmantes del proyecto de resolución expresaron su “preocupación” de que las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Maduro -que no es reconocido por más de 50 países- socaven el proceso electoral.
“Este fraude electoral convocado para diciembre debe ser firmemente rechazado para la comunidad internacional”, dijo el canciller brasileño, Ernesto Araújo.
El gobierno de Maduro se retiró en abril de 2019 del foro regional y ahora el escaño del país lo ocupa Gustavo Tarre, quien fue nombrado por la Asamblea Nacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el gobierno de Venezuela “es un régimen criminal que afecta la estabilidad regional”.
En tanto, el canciller argentino, Felipe Solá indicó que “la OEA debe ser contención, mediación, y garante de la pacificación sobre todo, en cada lugar de nuestra América, nunca juez o gendarme político”.
– “Injerencistas” –
Esta cita que reúne a cancilleres y embajadores de los países miembro se celebra de forma virtual y estaba inicialmente programada para junio, pero tuvo que ser aplazada por el covid-19.
“El formato virtual en el que nos reunimos hoy es un signo de la realidad en la que vivimos”, dijo el secretario general Luis Almagro en la apertura de la Asamblea, en un momento en que América Latina y el Caribe sumaban 381.719 fallecidos por la pandemia y Estados Unidos y Canadá 229.906 muertos.
En esta reunión también se votará una resolución sobre Nicaragua presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, para que Managua acepte el despliegue de una misión electoral que incluya a observadores independientes.
Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones en noviembre de 2021, unos comicios en los que probablemente el presidente Daniel Ortega, en el gobierno desde 2007, busque volver a presentarse.
Estos serán los primeros comicios desde la ola de protestas que sacudió el país en 2018, un movimiento que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma del seguro social y que derivó en una movilización más amplia de rechazo al gobierno y cuya represión dejó al menos 328 muertos.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó ambas resoluciones y las calificó de “injerencistas”.
Fuente: AFP
